Cuestionan la política de seguridad de Scioli en la Provincia de Buenos Aires

Los operativos de Granados en territorio bonaerense.

De la Redacción

El tema se conoció la semana pasada, cuando la Comisión Provincial por la Memoria manifestó su preocupación por una serie de operativos de interceptación en colectivos, que habían sido denunciados por distintos vecinos de la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown.

En los mismos, como si se tratara de los viejos operativos realizados por la dictadura militar, se procedió a bajar a la gente que iba en ellos para pedirles su documentación, cachearlos y revisar sus pertenencias.

La comisión alertó entonces que se trataba de prácticas ilegales y que se estaban llevando adelante sin ninguna orden judicial.

Sin embargo el Secretario de Seguridad Bonaerense, Osvaldo Granados,  justificó el accionar policial en el marco de la declaración de la emergencia en seguridad y dijo que “los hacemos en varios distrito y están lejos de lo que llaman viejos métodos”.

Al mismo tiempo los funcionarios de la cartera provincial explicaron que  “también se hacen controles vehiculares, se paran motos” y que los mismos han tenido distintos “resultados positivos”.

Para la Comisión Provincial por la Memoria “estas prácticas policiales son la emergencia de una fuerza policial que las tiene incorporadas en su accionar cotidiano y un poder político que lejos de propiciar su democratización, fomenta su autogobierno, su desprofesionalización y el sesgo autoritario de su intervención”

En un comunicado de prensa, los integrantes de este organismo explicaron que hace unas semanas habían alertado “sobre la relación existente entre la promoción de las políticas de mano dura y demagogia punitiva y los asesinatos producidos por particulares ante supuestos delitos contra la propiedad”. En ese contexto volvieron a insistir en que “la respuesta política ante esos hechos -que fue la declaración de emergencia en materia de seguridad- está directamente relacionada con este tipo de procedimientos ilegales y arbitrarios”.

Asimismo destacaron que “la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas”. Y advirtieron que “se trata del fortalecimiento de uno de los aspectos centrales que caracterizan el poder de la institución policial y que es su dominio territorial”.