Crece el malestar en los gremios provinciales

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En la provincia de Buenos Aires, el clima gremial de críticas a la política salarial del gobernador Daniel Scioli sigue creciendo. A los paros dispuestos esta semana por la CICOP (Profesionales de la salud), se suman la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), UDOCBA (docentes en la CGT de Moyano), los educadores del Frente Gremial Bonaerense (FEB, SUTEBA, SADOP, AMET y UDA) y los sindicatos de la federación  FEGEPPBA. En cada caso el reclamo es salarial, por condiciones de trabajo o bien por el pedido de una respuesta a los reclamos del pago de adicionales presentados por cada sindicato a comienzos de año.

Es claro que la puja salarial es un problema sin resolución en el territorio bonaerense y que cada dilatación acrecienta el malestar de los afiliados a las organizaciones sindicales. También es cierto que la responsabilidad de los dirigentes y cuadros medios de los gremios estatales, o del ámbito privado, es la de conducir los conflictos, orientarlos hacia la mejor negociación posible y evitar así las confrontaciones prolongados y desgastantes. Sin embargo, en el territorio de Scioli esos tiempos parecen agotarse: nadie ha dado un cheque en blanco y por más buena voluntad que impriman las mesas ejecutivas de los sindicatos, la presión de los trabajadores parece incontenible.

¿Qué va a suceder con un conflicto abierto y que tiene como protagonistas a la totalidad de las organizaciones sindicales? Solo lo sabe el gobernador. Lo que es claro es que con cada dirigente que se puede hablar, las declaraciones off de record alimentan el rumor de que el malestar es cada vez mayor. Y un ejemplo de ello es la resolución del conflicto de los trabajadores judiciales y de educación. En el primero de los casos hubo órdenes de realizar tareas de inteligencia sobre los delegados gremiales de la AJB en los tribunales de la calle 13. Mientras que en el segundo, luego de seis meses, los delegados de ATE del Ministerio de Educación fueron violentamente apresados y se les inició una causa judicial.

Los mecanismos de coacción y coerción describen una práctica que, extendida en el tiempo, se ha tornado doctrina. “El conflicto gremial y el ajuste en la provincia solo cierra con represión”, aseguran los delegados de los gremios estatales que ven con preocupación la falta de voluntad de las autoridades provinciales de avanzar en la negociación salarial que el gobierno, en algunos casos, cerró por decreto.

A contramano de la política económica a nivel nacional, la que con dificultades intenta sostener el consumo para mantener y ampliar el mercado interno y a su vez generar empleo, en la Provincia de Buenos Aires el salario es la variable de ajuste. Sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos cuatro años, los aumentos  siempre estuvieron por debajo de la pauta inflacionaria.