Conversaciones de paz sobre Colombia en Cuba: seis meses y un logro

Emilio Marín

La Arena

El conflicto armado en Colombia lleva más de cincuenta años, con 3,7 millones de desplazados y 300.000 muertos, y es un poco temerario poner las manos al fuego por un primer preacuerdo en las conversaciones de paz en La Habana.

Ya hubo a partir de los 80 tres intentos por poner fin al conflicto armado y se terminó a los tiros por culpa del Estado, azuzado por los latifundistas, las multinacionales y la Casa Blanca. ¿Por qué esta vez el resultado sería diferente?, se preguntan los escépticos.

Lo positivo es que se vienen cumpliendo las diferentes fases. Hubo negociaciones secretas entre las partes en la capital de Cuba y luego se radicaron en Oslo, en octubre de 2012. Acordada la agenda, los equipos se vieron otra vez las caras, desde el 19 de noviembre en La Habana, discutiendo el tópico más trascendente en lo económico-social: la cuestión agraria.

Al cabo de seis meses ambas delegaciones anunciaron el 26 de mayo que tenían un acuerdo general sobre aquella cuestión. Hubo un documento en común, leído por representantes de los gobiernos garantes, Carlos Fernández de Cossío, de Cuba, y Dag Mylander, de Noruega, con agradecimientos para los acompañantes, Chile y Venezuela.

Ese anuncio tan positivo, con repercusiones favorables en Colombia y en toda la región -con plácemes y aplausos de los presidentes de Venezuela y Bolivia- cerró la novena ronda de conversaciones, tomando de jalón la iniciada en noviembre pasado.

Buen documento, con reservas. 

Las FARC nacieron hace 49 años -ayer 27 de mayo se cumplió ese aniversario- como una autodefensa campesina, con Manuel Marulanda y otros labriegos de Marquetalia, en el centro sur del país, defendiéndose de operativos de exterminio del Ejército.

Y en ese tiempo, con avances y reveses, con varios líderes asesinados en los últimos años (Raúl Reyes, Alfonso Cano y Mono Jojoy), siempre reconoció un fuerte vínculo con los pobres del campo. Una reforma agraria integral fue su histórica reivindicación y por eso no extrañó que desde Oslo ese tópico estuviera al tope de la agenda. A tal hicieron 100 propuestas mínimas.

El documento firmado por Iván Márquez, por la insurgencia, y el ex vicepresidente Humberto de la Calle, llevó por título «Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral». Presentó las coincidencias como enfocadas «en la gente, en el pequeño productor, en garantizar acceso y distribución de tierras, en la lucha contra la pobreza y la reactivación de la economía en el campo».

Entre las seis proposiciones, de movida planteó mejorar «el acceso y uso de la tierra, lo que incluye los terrenos improductivos, la formalización de la propiedad, la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva». Prometió crear «un Fondo de tierras para la paz», aunque falta saber si ese Fondo dará créditos blandos para acceder a tierras o si éste adquirirá tierras y luego las irá adjudicando.

Además de esos aspectos no resueltos, hay diferencias políticas entre la guerrilla y el gobierno de Santos sobre este asunto agrario. El documento de las FARC lo aludió con diplomacia pero sin ocultamientos. «Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con salvedades puntuales que necesariamente deberán ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final», consignó. ¿Cuáles son esas «salvedades puntuales», léase objeciones o reclamos guerrilleros no contemplados en el preacuerdo agrario, que podrían comprometer un «acuerdo final»?

Posibles diferendos. 

Puesto a especular sobre cuáles pueden ser esos motivos de reservas aludidas por Márquez y sus compañeros en este primer preacuerdo, se podrían descartar algunas hipótesis y arriesgar otras. Habría que descartar que los rebeldes hubieran querido incluir una negativa a la propiedad privada de la tierra. No figura en su programa tal eliminación de dicha propiedad.

Sí se puede pensar en que lo firmado en La Habana no le pone límites explícitos a los latifundios. No propone una reforma agraria en base a eliminar al menos parte de las propiedades de terratenientes que excedan tantos miles de hectáreas, por ejemplo. Alude a tierras improductivas, la formalización de la propiedad -de quienes ya poseen-, a la frontera agrícola y las zonas de reserva. No contempla, en consecuencia, la afectación del latifundio.

Y tampoco toma nota de las proposiciones de la insurgencia en poner coto al saqueo de petroleras y mineras, la contaminación ambiental y en defender el medio ambiente afectado por esos grandes capitales extranjeros.

Quiere decir que por esos motivos u otros que ya se irán develando, el primer acuerdo no ha sido pleno. Restan aspectos que «necesariamente» -según Márquez- deberán ser tenidos en cuenta antes de un acuerdo definitivo.

Desde el ángulo gubernamental, De la Calle también condicionó el anuncio del domingo. Cada uno de los puntos, dijo, no empezará a tener vigencia hasta que no estén los cinco tópicos acordados. El vocero del gobierno insistió en que si se llega a ese feliz término tendría que convocarse a un referendo para saber si la población lo acepta. Y frente a esta última iniciativa gubernamental, la guerrilla tiene otra idea, según se desprende de su comunicado del 27 de mayo.

Los cuatro puntos que restan. 

El acuerdo inicial debe ser valorado como un gran logro, sin omitir los asuntos pendientes del mismo. Ahora siguen otras cuatro «finales», para decirlo en términos futbolísticos y restarle un poco de dramatismo a lo que sigue siendo una guerra, dentro de Colombia. El 11 de junio próximo está previsto que se reanuden las conversaciones habaneras sobre el segundo tema, el de la participación política en el sistema político colombiano, en particular cómo intervendrá de aquí en más la guerrilla, con vistas al fin del conflicto armado.

Esa discusión luce tanto o más compleja que la referida a la tierra, porque las FARC tienen una amarga y sangrienta experiencia de cuando trataron de dejar las armas y participar electoralmente mediante la creada Unión Patriótica, en 1985. Les asesinaron a 5.000 militantes y muchos dirigentes, incluso los que habían resultado electos para legisladores, concejales, etc.

Además, se sabe que en Colombia no sólo asesinan las Fuerzas Armadas que responden institucionalmente al presidente Santos, quien irá por su reelección en mayo de 2014. También lo hacen las fuerzas paramilitares, aunque no ya bajo las clásicas siglas del pasado, como Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizadas, sino con otras formaciones, igualmente criminales y delincuenciales, con paraguas del establecimiento colombiano.

Luego, si todo marcha bien, se abordarán las temáticas de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y los mecanismos de verificación y refrendación de lo pactado en la mesa de La Habana.

¿Referendo o constituyente? 

Esa verificación y refrendación de lo pactado parece contener divergencias importantes, aunque no se haya reparado mucho porque había y hay otros asuntos prioritarios. Pero llegará el momento, ojalá, en que haya que pulsear también por ese punto 5. Es que el jefe negociador que representa a Santos, declaró en el Palacio de las Convenciones que, mediante una consulta ciudadana, «serán los colombianos en última instancia los que digan si quieren o no este Acuerdo».

En cambio el comunicado de los insurgentes planteó: «el esfuerzo colectivo por la paz tendrá que ser compensado con un tratado justo y vinculante rubricado por una Asamblea Nacional Constituyente que funde nuestra reconciliación a perpetuidad».

A simple vista se detecta una coincidencia: que haya una consulta a la sociedad. La diferencia -que puede llegar a ser abismal- es que el gobierno desea que una consulta o referendo sea rubricado por el Ejecutivo o el Congreso, actual. Las FARC, en cambio, proponen que sea una Asamblea Nacional Constituyente el que selle el tratado y la reconciliación.

Esa es una diferencia de fondo. Santos supone que al sano y actual sistema político se le añadiría un nuevo actor político, el que pueda formar la guerrilla. Las FARC piensan en un cambio cualitativo del podrido sistema político, para que una Asamblea Constituyente ponga a parir una democracia participativa y social, avanzada.

Con esa perspectiva, parece un asunto menor la discrepancia sobre los tiempos de la negociación, polémica que también existe. La Casa de Nariño quiere apurarla bajo amenaza de dar un puñetazo sobre la mesa de diálogos; la guerrilla no tiene apuro porque cree que una mala paz puede ser hasta peor que la guerra.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, dio un ultimátum a los rebeldes, para que antes de Navidad de este año firmen la paz. Le contestó el 25 de mayo la comandante Laura Villa, desde La Habana, diciendo que las formulaciones de los guerrilleros recogen las reivindicaciones populares y no son una «lista de regalos» navideños. Villa podría haber agregado que ellos no creen en Papá Noel y podrán hacer concesiones pero no regalos a un Estado que consideran represor, dependiente del Comando Sur estadounidense y comisionista de mineras y petroleras extranjeras.