Comisión Provincial por la Memoria: presentaron el informe 2013 sobre casos de torturas en cárceles y comisarías bonaerenses

Despacho de Prensa enviado por la CPPM 

Más de mil víctimas denunciaron 3.687 hechos de malos tratos y/o torturas

Con la presencia de senadores y diputados provinciales, concejales municipales y familiares de víctimas de violencia institucional, se presentó el informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT), que en 2013 releva en el país un total de 1.151 víctimas, quienes denunciaron padecer -al menos- tres hechos de tortura en el año. Según los datos arrojados por la investigación, a la tortura producida por el ejercicio de violencia física le siguen la práctica de aislamiento, la falta de asistencia a la salud, las malas condiciones materiales de detención y las amenazas.

El estudio es sobre una muestra de casos sobre las que se realizó una indagación más exhaustiva donde puede describirse el mecanismo de producción de los hechos de tortura y sus consecuencias gravosas. Tanto la Procuración Penitenciaria de la Nación como la Comisión Provincial por la Memoria cumpliendo con las funciones propias de los mecanismos de monitoreo de lugares de encierro han relevado en sus inspecciones muchos más casos y hechos.

 La presentación se realizó en el salón Eva Perón del Senado de la provincia de Buenos Aires y estuvo a cargo del presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, la directora del GESPyDH, Alcira Daroqui, el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo y la presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Andrea Casamento. La mesa estuvo coordinada por Roberto Cipriano García, miembro de la CPM.

También estuvieron presentes otros integrantes de la CPM: Mauricio Tenembaun, Victor De Gennaro y Ana Barletta y la Coordinadora del Comité contra la Tortura la Dra. Alicia Romero, su Directora de Recepción de denuncias y base de datos, Dra. Melina Boffelli  y la directora general de áreas, Sandra Raggio, junto a otros directores  y equipos de trabajo.

 «Las cárceles y comisarías no pueden ser depósitos humanos», sostuvo Pérez Esquivel al inicio de la presentación e indicó que «la CPM viene realizando inspecciones en los lugares de encierro de la provincia, pero la sociedad debe actuar porque si bien se hacen controles la prácticas continúan». Este tercer informe del RNCT, además de la sistematización del relevamiento de los casos de tortura en lugares de encierro, presenta también casos de violencia policial, tanto de la policía bonaerense como de la federal y metropolitana en su despliegue territorial.

Por su parte, Francisco Mugnolo expresó: «Nadie puede negar que en este país se tortura. Falta una acción concreta del Estado para superar la impunidad que se opera en estos ámbitos. Resulta que mientras nosotros estamos discutiendo estas cosas, hay gente en las cárceles que está sufriendo enormemente». En este sentido, la presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Andrea Casamento, subrayó que «el Estado por acción o por omisión es el que hace estas barbaridades y ni nosotros ni nuestros familiares somos considerados víctimas sino seres indeseados».

A su turno, Alcira Daroqui indicó: «La palabra de los y  las detenidos/as es la que nos permite develar las prácticas violentas del Estado. La CPM y la PPN hacen visible lo que otros quieren ocultar. Por eso, el registro no es un conjunto de casos, ni tampoco reduce la tortura a las agresiones físicas, sino que comprende la multidimensionalidad de la tortura».

El RNCT es el primer registro nacional que da cuenta de la tortura y fue creado en el año 2010 por un acuerdo inter-institucional entre la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH). Al respecto, Cipriano García señaló que «el poder ejecutivo nunca iba a hacer este registro porque implicaba visibilizar la tortura. Por eso, nos juntamos los organismos públicos autónomos y lo hicimos».

El trabajo de campo de este informe se realizó en 26 unidades penales y 1a alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, en 4 institutos de menores, 1 comisaría y 1 hospital neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires y en 8 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal. El relevamiento aportó 227 víctimas en el ámbito bonaerense y 174 casos en el ámbito federal y nacional. A esto se incorporaron 43 casos a partir de la recuperación de la información volcada en la planilla de intervención en inspecciones la CPM  y 707 casos aportados por el procedimiento de investigación y documentación eficaces de casos de tortura y malos tratos de la PPN.

Las 1.151 víctimas describieron 3.687 hechos de malos tratos y/o torturas. En promedio, en los 2 meses previos a la entrevista, cada víctima padeció más de 3 del máximo de 11 tipos de tortura y/o malos tratos que permite registrar el instrumento. Si bien las agresiones físicas siguen siendo la práctica violenta de mayor frecuencia (expresada en modalidades de tortura como golpes y golpizas, pata-pata, puente chino, chanchito, picana) con un 84,4% de víctimas, no es menos significativa la práctica de aislamiento con 62,3%. Le siguen la falta de asistencia a la salud, las malas condiciones materiales de detención y las amenazas, con 38,3%, 33,7% y 31,7% respectivamente.

Entre las víctimas, el 95,7% eran varones, pero también se relevaron 46 casos de mujeres y 4 de personas trans. Asimismo, se trata de una población principalmente joven, con 8 de cada 10 víctimas de entre 18 y 34 años de edad. 

Resultados en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires

Durante el año 2013, como resultado del relevamiento específico del RNCT y de la reconstrucción de planillas de intervención del Comité contra la Tortura se individualizaron un total de 1.310 hechos de torturas y/o malos tratos para 270 víctimas, relevados en 33 lugares de detención de la Provincia de Buenos Aires.

Los casos se registraron en cuatro tipos de agencias: 249 (el 92,2%) en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), 19 (el 7%) en lugares de detención para personas menores de edad dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, 1 (el 0,4%) en comisarías de la Policía Bonaerense y 1 (0,4%) en hospitales neuropsiquiátricos dependientes del Ministerio de Salud de la provincia.

En promedio en los dos meses previos a la entrevista cada víctima sufrió casi 5 de los 11 tipos de tortura y/o malos tratos que permite registrar el instrumento: 224 personas describieron malas condiciones materiales de detención, 223 aislamiento, 177 falta o deficiente alimentación, 168 agresiones físicas, 157 falta o deficiente asistencia de la salud, 99 impedimentos de vinculación familiar y social, 80 traslados constantes, 56 amenazas, 45 robos de pertenencias, 42 traslados gravosos y 39 requisas personales vejatorias.

Estos 11 tipos de malos tratos y/o torturas se concatenan amplificando los efectos de cada hecho: aislamientos durante los cuales se ejercen agresiones físicas que producen lesiones que no son curadas, traslados gravosos que implican requisas vejatorias y pésimas condiciones materiales y alimentarias, golpizas y robos seguidos de amenazas para evitar denuncias, desvinculación familiar y traslados constantes pasando también por distintas situaciones de aislamiento. El alto promedio de estos hechos de malos tratos y torturas combinados por víctima (que, como dijimos, llega a 5) en un lapso temporal de sólo 60 días permite reafirmar la multidimensionalidad de estas prácticas que se producen de manera combinada, generalizada, sistemática y regular en la Provincia de Buenos Aires.

Ante este diagnóstico, la CPM viene realizando una serie de acciones jurídicas a fin de que el Estado se comprometa a cambios profundos que modifiquen las políticas penitenciarias y de seguridad. En ese sentido, la CPM participó el pasado miércoles de una reunión de trabajo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington en el marco de las medidas cautelares dictadas por este organismo sobre el complejo penitenciario de San Martín (MC104/12), que fueran peticionadas por la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).