Chacarera del expediente: otro crimen contra el Mocase

Walter Barboza

Santiago del Estero: aridez y monte reseco. Éxodo de pobladores. Territorio inhóspito. Es, para los más incrédulos, la más antigua de las ciudades de origen europeo en el territorio argentino; una de su grandes paradojas, si es que el desarrollo se mide en términos del etnocentrismo cultural, pues fue fundada en el año 1552 por los españoles con el objetivo de fortificar el camino a Chile y extender una ruta hacia el Río de La Plata, pero a pesar de ello es una de las provincias más atrasadas en términos políticos y económicos. Y esta afirmación no es una crítica despiadada, sino una mirada sobre los testimonios de cientos de familias de esa provincia que desde mediados del siglo XX se afincaron en Berisso o en el resto de la provincia de Buenos Aires, porque, aunque alguno le cueste entenderlo, Santiago del Estero tiene más pobladores afuera del territorio que dentro de él.

El censo 2010 señaló que habitan la provincia 896.461 personas, mientras que las estimaciones indican que más de 1 millón de santiagueños viven fuera de la misma. El éxodo no fue gratuito, ni azaroso, se explica a través de la caracterización que se puede hacer sobre las familias migrantes desde el punto de vista político y económico. Miles de ellas ocuparon tierras ancestralmente. Se afincaron en zonas de difícil productividad, por las características del suelo, en las que solamente podían construir un cerco para criar unos pocos animales de corral. La desfavorabilidad en su clima, obligó a estas familias a buscar el sustento en otras provincias. Así, cargando con sus hijos, unas pocas maletas recorrieron otras provincias para trabajar en la cosecha. En Chaco el algodón, en Santa Fe el maíz, en Tucumán la caña de azúcar. Familias que son albergadas en galpones en las que las condiciones de vida son precarias. Hacinados, con sus hijos a cuesta, con escasa alimentación, en condiciones de higiene deplorable. A los santiagueños los expulsó la historia y los caudillos que monopolizaron el poder político y económico de la provincia.

Por ello el asesinato de Cristian Ferreyra, militante del MOCASE (Movimiento de campesinos de Santiago del Estero), no es casual. Se trata de un espacio político que nació, creció y se desarrolló al calor de la crisis de los años ´90. Una respuesta de los santiagueños de las zonas rurales que creen posible el desarrollo de una provincia más justa y solidaria. Una provincia en la que sea posible romper con las tradiciones políticas enquistadas por lo menos desde 1948, cuando Carlos Juárez comenzó a erigir el poder que monopolizó, con contadas interrupciones, hasta el año 2004; año en que su esposa fue destituida y la provincia intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional en el medio de fuertes denuncias de corrupción.

Desde la recuperación económica de 2003 a esta parte, la extensión de la frontera agrícola creció notablemente. En ese contexto, aquellas familias que decidieron recuperar las tradiciones comunitarias para el desarrollo de una economía de subsistencia basada en el respeto a la tierra, la producción colectiva, la cría de animales de corral, hoy resisten el avance del núcleo sojero.

En 1996, en la provincia había sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, en 2010, al record de 1,1 millón de hectáreas. Es decir que en sólo años hubo un incremento de un 75 por ciento.

En ese marco, el Código Civil establece el “derecho veinteañal” de la tierra. El mismo reconoce a quienes ocuparon y trabajaron un terreno durante dos décadas. A ello hay que sumarle las leyes específicas destinadas a atender las demandas de los pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, artículo 75 de la Constitución Nacional), que garantiza el reconocimiento a ocupar esas tierras. “Nada de ello en Santiago se cumple”, denuncia el MOCASE.

Mientras contabilizan cuatro muertes del mismo tenor, sus dirigentes esperan el esclarecimiento de este crimen. Hay un empresario sojero, Daniel Ciccioli que está bajo la lupa. Los guardias de seguridad privada que llegaron a la casa de Ferreyra, Javier y Antón Juárez,  trabajan para él. Uno de ellos fue el que disparó sobre Ferreyra sin mediar palabra.

La expulsión de los pobladores de las zonas rurales, a fuerza de tiros y garrotazos, recuerdan los tiempos idos. La impunidad de un poder que se resiste a entender que este es un país que avanza hacia la “democracia económica” y la “soberanía intelectual”; para dejar el medio evo de la experiencia fundacional de la que fuera la ciudad más antigua creada por los europeos en el centro norte del país.