

En un contexto de inflación en alza, el gobierno de Javier Milei volvió a oficializar el pago de esa suma extraordinaria y no remunerativa para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, monto que permanece sin cambios desde el inicio de su gestión y que será de 70 mil pesos.
La medida fue confirmada mediante el decreto 213/2026, publicado en el Boletín Oficial, y ratifica la decisión del Poder Ejecutivo de mantener ese refuerzo congelado y por fuera del haber previsional.
Según los cálculos de movilidad ajustados por inflación, el haber mínimo en marzo ascenderá a 369.600 pesos, con un incremento mensual de apenas 2,88%. De esta manera, con el bono incluido, el ingreso total alcanzará los 439.600 pesos.
Aun así, ese monto representa menos de un tercio de lo que una familia necesita para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con la última Canasta Básica del Indec, estimada en 1.397.672 pesos.
El bono extraordinario se mantiene sin modificaciones desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia. Desde entonces, la inflación acumulada ronda el 250%, mientras que el refuerzo continúa en 70 mil pesos.
El gobierno mantiene congelado el bono para la mínima en $70.000 hace más de 2 años. Si se hubiera actualizado con el mismo criterio del haber, el bono debería ser en abril de $198.015. Es decir, los jubilados de la mínima pierden $128.015 por mes. pic.twitter.com/DmciWruVT2
— Julia Strada (@Juli_Strada) March 30, 2026
De acuerdo con el decreto firmado por el presidente, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el beneficio también alcanzará a quienes perciben la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
La medida incluye además a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.
En tanto, el Gobierno sostiene los mismos argumentos para no actualizar el bono: señala que la fórmula anterior presentaba “graves inconvenientes”, generaba un “desfasaje” entre las variables económicas y los haberes, y que las políticas previas produjeron efectos “perjudiciales” para jubilados y pensionados.