(Xinhua) — El gobierno de Bolivia espera equilibrar los beneficios y las ventajas para bancos y clientes con la iniciativa de la Ley de Bancos, denominada Ley de Servicios Financieros, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate el año próximo.
El ministro boliviano de Economía, Luis Arce, dijo a Xinhua que debe acabarse el «sometimiento» de bancos y entidades financieras contra los ciudadanos, quienes al necesitar los servicios financieros se ven forzados a aceptar las condiciones que imponen los prestadores de estos servicios.
«Lo que se busca con esta nueva Ley de Bancos es equilibrar el favoritismo en la vieja ley neoliberal que favorece al oferente de servicios financieros en detrimento del que utiliza esos servicios», agregó.
Recordó que la vigente Ley de Bancos, todavía «neoliberal», tiene un sesgo hacia el cliente que tenía que someterse prácticamente hacia la «dictadura» de quienes ofrecen los servicios financieros.
Según el titular de Economía, la medida legal busca otorgar todos los derechos del consumidor contemplados de servicios financieros y ponerlos en la nueva ley.
«Esta nueva Ley de Bancos tiene dos características fundamentales, una preservar la estabilidad macrofinanciera, macroeconómica que tenemos y, en segundo lugar, mejorar los derechos de quienes utilizan los servicios financieros en todas las instancias en nuestro país», puntualizó Arce.
Dentro los principales pilares de esta nueva medida legal que se encuentra en consideración de los banqueros y empresarios, está el otorgarle al Estado la decisión de fijar tasas de interés para créditos y depósitos.
Con esto se pretende obligar a los banqueros a ofrecer un premio a los clientes que cumplen puntualmente sus obligaciones de pagos de créditos.
También se establece que los Fondos Financieros Privados (FFP) deberán convertirse en bancos múltiples, cuya constitución jurídica será la de una sociedad anónima.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) reglamentará el proceso y plazo de adecuación a la que deberán acogerse estas entidades.
Las entidades financieras deberán destinar una parte de sus ganancias que obtengan cada año para tareas sociales, principalmente para el desarrollo productivo en el área rural.
El gobierno emitirá un decreto para que esta actividad sea cumplida por el sistema financiero.
Para que la gente tenga acceso a un crédito en mejores condiciones de las entidades financieras, la Asfi establecerá formatos y modelos de contratos para todas las operaciones que se realicen.
El incumplimiento será causa de un proceso sancionatorio.
La disposición está contenida en el anteproyecto de la Ley de Servicios Financieros, elaborada por el Ejecutivo y que consta de siete capítulos y 550 artículos, además de disposiciones finales, transitorias y adicionales.
REACCIONES
Analistas económicos están de acuerdo en que se transparenten los contratos de crédito, con la finalidad de evitar abusos por parte de las entidades financieras, ya que muchos ciudadanos desconocen los alcances de las cláusulas en la «letra chica» de los contratos al adquirir un crédito.
Pero también ven con cierta cautela y susceptibilidad el hecho de que el Estado, a través de la Asfi, fije las tasas de interés de créditos y depósitos, porque afecta a la competitividad.
Sobre estos temas, el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Kurt Koenigsfest, aclaró que no conoce de forma oficial la norma y por ello no emitirá ningún criterio.
Señalo sin embargo que su sector confía en el compromiso del Ejecutivo de que una vez que «exista un proyecto perfilado y oficial, el mismo será de conocimiento del sector para realizar un análisis».
El analista Armando Méndez manifestó que los modelos y formatos de contratos que fije la Asfi en las entidades financieras son una «buena idea».
Por su parte el economista Luis Ballivián manifestó que los modelos de contratos que se vayan a aplicar protegerán a los usuarios y planteó trabajar en la difusión de información sobre sus derechos para los clientes.
Además consideró que el Estado puede tener la facultad de regular tasas del sistema financiero a través del Banco Central de Bolivia (BCB), la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras o en su caso el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la nueva Ley de Bancos que está proyectando.
Datos de la Asfi señalan que la tasa de interés promedio efectiva al 31 de octubre pasado para los depósitos en moneda nacional en la banca llegó a 0,37 por ciento; en los fondos financieros privados a 0,95 por ciento; en las mutuales de ahorro y préstamo a 0,69 por ciento; y en las cooperativas de ahorro y crédito a 1,70 por ciento.
AHORRISTAS
El proyecto de Ley de Servicios Financieros establece la creación del Fondo de Protección al Ahorrista con el objetivo de proteger a los clientes de las entidades de intermediación financiera (bancos, financieras, cooperativas y mutuales) ante eventuales quiebras.
El economista Luis Ballivián destacó esta medida porque garantiza el patrimonio de los ahorristas y evita que «la gente se vea afectada por quiebras como en el pasado sucedía y se tenía que pasar un calvario para recuperar sus depósitos».
Según la media legal, la entidad estará financiada con recursos acumulados en el Fondo de Reestructuración Financiera; los aportes de bancos, fondos financieros, cooperativas y mutuales; el rendimiento neto de las inversiones del Fondo de Protección al Ahorrista; y otros recursos provenientes de donaciones o transferencias definitivas realizadas por organismos e instituciones privadas o públicas, nacionales o extranjeras.
También señala que el Banco Central de Bolivia (BCB) facilitará la infraestructura operativa para el desarrollo de las actividades del fondo mediante el uso de sus instalaciones.
«Los recursos del Fondo no podrán ser destinados para la inversión en activos fijos ni para cubrir gastos de contratación de oficinas e instalaciones», según el artículo 520, parágrafo II del referido anteproyecto de ley.
El Directorio del Fondo de Protección al Ahorrista estará conformado por el Ministro de Economía (presidente del Directorio), por el presidente del BCB, Marcelo Zabalaga, y por la directora ejecutiva de la Asfi, Lenny Valdivia.