¿Argentina o Clarintina?

Aram Aharonian*

Alainet

En la puja por la democratización de la comunicación argentina, a la que se subió la corporación judicial abiertamente en favor de los grandes grupos económico.-mediáticos, el oligopolio Grupo Clarín consiguió una extensión de la medida cautelar gracias a la cual seguirá eximido de adecuarse a las disposiciones y límites de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada hace tres años.

Esta nueva legislación prevé que una persona o empresa puede poseer 24 sistemas de televisión por cable, 10 licencias de radiodifusión -sean de radio FM, AM o de televisión abierta- y una señal de contenidos (canal de cable). El grupo Clarín detenta 250 licencias.

El beneficio cautelar vencía el 7 de diciembre, según había establecido la Corte Suprema en mayo último, cuando señaló que hasta el momento Clarín no había demostrado que se hubiera vulnerado algún derecho esencial, como la libertad de expresión, y que por esto el expediente aparecía como una cuestión de naturaleza meramente “patrimonial”. Un asunto patrimonial se puede recomponer a la larga con una reparación económica. La violación de un derecho básico, no.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial dispuso el jueves 6 de diciembre que siga vigente “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa”. Es decir que caerá cuando el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, defina la validez constitucional de los artículos de la norma que obligan a desprenderse de licencias de radio y televisión y que definen los parámetros de concentración de medios.

La Cámara argumentó que la situación cambió respecto de seis meses atrás, cuando se pronunció la Corte para advertir que no se deben prolongar las medidas cautelares indefinidamente porque se conviertan en sentencias anticipadas. La Cámara señaló que una sentencia del juez Alfonso sobre la cuestión de fondo ya es inminente, porque lo exigen las directivas supremas.

Para los camaristas, levantar la cautelar “cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional” que planteó Clarín contra “la obligación de desinvertir (…) causaría un perjuicio irreparable” si la decisión final fuera favorable a la empresa, que se vería en la situación de tener que ceder parte de su patrimonio.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, consideró “una vergüenza” la decisión de la Cámara Civil y Comercial. “Esto demuestra claramente que esa Cámara termina siendo el equipo jurídico del grupo empresarial Clarín (…) Hay una parte de la Justicia argentina que no está preparada para enfrentar a las corporaciones, porque está colonizada y responde a esos intereses corporativos”, advirtió.

Sabbatella remarcó que “es una barbaridad que una ley aprobada por el Congreso por amplia mayoría quede trabada por una maniobra”.

La decisión de la Cámara Civil y Comercial está firmada por los jueces María Susana Najurieta y Francisco De las Carreras, sobre quien pesa una denuncia penal y una denuncia en el Consejo de la Magistratura, por haber viajado a un Congreso en Miami organizado por Certal, una asociación que tiene entre sus miembros a dirigentes del Grupo Clarín. Según Sabbatella, esta situación “demuestra que los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico”.

El fallo de la Cámara prorroga la cautelar hasta que el juez de primera instancia Horacio Alfonso resuelva la cuestión de fondo, desconociendo así el criterio de “razonabilidad” planteado por la Corte Suprema, que fijó el 7 de diciembre para su finalización. Es todavía más grave que la Cámara haya opinado sobre el hecho de que Clarín podría tener un año más para adecuarse a la ley después del fallo de fondo.

Para que todos tengan las mismas oportunidades, la Autoridad Federal anunció que prolongará la resolución 901 del organismo, que amplía los plazos de adecuación para el resto de los grupos de medios, hasta tanto el principal actor del mercado, el Grupo Clarín, comience su proceso de adecuarse a lo dispuesto por la ley. Se trata de una decisión que busca evitar una mayor concentración en favor de Clarín por la obligación de sus competidores a desprenderse de licencias.

Sin duda, la concentración de los medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad de emporios económicos se ha convertido en una de las principales herramientas del neoliberalismo para el control ideológico de las sociedades. Antes necesitaban de las fuerzas armadas, hoy les basta con el control de los medios masivos de comunicación.

A este problema se añade la impunidad para manipular y el ocultamiento de sus accionistas con todos sus intereses económicos y políticos. Pero todo esto lo muestran como una defensa de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y el atropello del derecho ciudadano a informar y estar informado.

¿Argentina o Clarintina?

*Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista Questión, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC).

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