Anteproyecto de Código Penal: los mitos sobre su reforma

Por Paula y Enzo Giacobone 

Debido al borrador presentado por la comisión reformadora, el debate en relación al Código Penal ha sido tema de agenda en las últimas semanas. En primer lugar, habría que aclarar varios puntos que generalmente se tratan de manera apresurada, sin la clara conciencia de ciertos antecedentes históricos.  El Código Penal tiene 93 años y recibió 900 reformas, dato que indica que el poder político se ha servido de él para presentarlo como una piedra angular dotada de poder, a tal punto que se lo concibe como capaz de dominar la violencia social y con aptitudes suficientes para reducir el delito.

Es preciso destacar que la Comisión encargada de la elaboración del anteproyecto posee un carácter indiscutiblemente pluralista. Esta se compone por: el juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, especialista en materia penal con reconocimiento internacional; el ex presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra; el presidente del bloque del PRO en diputados, Federico Pinedo; la ex diputada nacional María Elena Barbagelata del Partido Socialista y miembro del tribunal del Juicio a la Junta Militar y ex ministro de seguridad de la provincia de Bs As, León Arslanian.

Los objetivos por parte de la Comisión que busca la reforma, tienen que ver con una intención de readecuación del marco legal vigente. Uno de los temas a modificar, más relevantes, es la proporcionalidad de las penas en relación al tipo de delito. Para poner un ejemplo corriente, en el Código Penal actual, el encubrimiento del robo de una vaca puede llegar a tener una pena más alta que el encubrimiento de un homicidio.

Entre las cuestiones más polémicas, que también justifican la reforma, es la reincidencia. Es un reincidente aquél que ha sido condenado en más de un ocasión por distintos hechos delictivos. En la práctica, la reincidencia se toma en cuenta al momento de otorgar la libertad condicional. Esto implica, que hoy se puedan dar situaciones absurdas, tales como que un homicida obtenga la libertad condicional, y no así, alguien que libró un cheque sin fondos y luego fue condenado por un accidente automovilístico.

Demagogia punitiva.

El diputado Sergio Massa en sus declaraciones respecto a este “borrador” de Código Penal, aseguró que se “baja la pena de 146 delitos”. Si revisamos el texto del anteproyecto, se puede inferir que si bien se reducen las penas de 116 delitos y se despenalizan 17 conductas, se incluyen 85 nuevas figuras típicas y se aumentan las penas de 159 delitos. La propuesta busca crear nuevas figuras delictivas, como las referidas al daño ambiental. Además cuenta con la ventaja de integrar en un mismo cuerpo normativo, cientos de delitos contemplados en leyes especiales, otorgando una mayor coherencia a nuestra legislación penal.

El mito de la puerta giratoria.

Una de las críticas más difundidas, consiste en asegurar que si se sigue adelante con este nuevo código penal, una gran cantidad de delitos se volverían excarcelables. Esto es falaz. La regulación del instituto de la excarcelación forma parte del código procesal de cada provincia, no del código penal. Es entonces que la discusión debería darse en  los respectivos espacios legislativos provinciales.

El frente que no quiere renovar.

Si sumamos las críticas que se le fueron añadiendo a lo que recién se considera un anteproyecto – faltan varias instancias de discusión para que esto se concrete – nos da como resultado exactamente el mismo Código Penal que tenemos hoy en día. Es decir, la fracción opositora que es o se debería presentar como la más interesada en generar un cambio social y político, sólo busca que no haya renovaciones. Las palabras que se aplicaron desde la crítica al anteproyecto, oscilaron entre “mamarracho” e “inmadurez política”, sin aún haber dado argumentos serios que puedan aportar a lo que aún sigue estando abierto a discusión: la actualización y coherencia del Código Penal argentino.

Sin lugar a dudas, el tema de la inseguridad afecta y nos preocupa a todos los sectores de la sociedad. Entiendo que la “salvación” no se encuentra en un libro titulado Código Penal, más bien el camino que deberíamos emprender se vislumbra a partir de un análisis serio y global del flagelo con posteriores decisiones transformadoras.

Por ende, resultan imperiosas las siguientes reformas:

*Transformar el sistema penitenciario de modo que se establezca una proporción más adecuada entre procesados y condenados.

*Reconfigurar los códigos procesales – sólo el 5% por ciento de las causas iniciadas llegan a la Justicia-.

*Descentralizar la problemática, de modo que los municipios posean una mayor participación con la formación de policías comunales y una intervención ciudadana más comprometida en los distintos ámbitos adecuados, como son los foros vecinales de seguridad.