De la Redacción
El miércoles 28 de octubre la Cámara Alta del Congreso Nacional, aprobó un número significativo de modificaciones en la Ley de Educación Superior, entre ellas, y una de las más importantes, la continuidad de la gratuidad en el nivel universitario.
Adriana Puiggrós, diputada nacional (FPV) e impulsora del proyecto, destacó que “está garantizada la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento de la educación superior y la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas”. La modificación, a través del Artículo 2 de la ley, establece que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas”.
Asimismo se creó además el Artículo 2 bis que declara “los estudios de grado en las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”. En ese marco la LES prohíbe, además, “suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.
Las modificaciones de la norma también apuntan a que las Universidades promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.
Las modificaciones fueron saludadas por las autoridades de la UNLP, por las distintas unidades académicas de la universidad platense y por las organizaciones estudiantiles que han luchado históricamente contra cualquier tipo de restricción en el acceso al sistema de enseñanza superior por considerarlos elitistas, excluyentes y por considerar que la masividad no afecta la calidad de la enseñanza y la formación académica.
Por citar un caso, la Facultad de Medicina, desde hace más de una década, viene probando distintos mecanismos de ingreso que incluyen como instancia final un examen para el acceso a los estudios de medicina. Fue de hecho el epicentro de numerosas batallas políticas y legales entre estudiantes, con el apoyo de las últimas gestiones de la UNLP, y las autoridades de la Facultad. La última de ellas fue el recurso de amparo que medicina presentó en el fuero federal, luego de que el Consejo Superior de la UNLP se pronunciara contra el examen de ingreso.
Si bien las autoridades de la unidad académica, en la vos de su decana Analía Erecalde, aceptaron con reparos la necesidad de cumplir con la ley, señalaron que ahora la UNLP deberá revisar su política presupuestaria para atender las necesidades de infraestructura, material didáctico, docencia, no docencia, entre otras necesidades.