Algunas claves de la reforma laboral

Por Walter Barboza

Con el proyecto de reforma laboral propuesto por el gobierno nacional, para iniciar un profundo cambio estructural que impactará fuertemente en las prácticas laborales y formas de vinculación con el mundo del trabajo, se pone fin a un largo período de la historia argentina marcado fuertemente por un derecho laboral que en su génesis estuvo orientado a la protección de los trabajadores.

   Un breve punteo de sus aspectos más salientes puede mostrar la contracara de lo que el mundo empresarial entiende que es el inicio de un proceso de modernización y actualización de las relaciones laborales. El derecho de los trabajadores, al que legisladores de la Libertad Avanza, con el acuerdo de algunos gobernadores y frente a la lentitud en reaccionar de algunos sindicatos afines al período político en curso, quieren poner fin, se explica con solo pensar la contracara de lo que a reglón seguido se remarca.     

• Se trabajaría hasta 12 horas consecutivas
• Se crearías un banco de horas para compensar las horas trabajadas demás. Es decir, no se pagarán horas extras.
• El salario sería dinámico: se podría liquidar con dinero, especies y bienes materiales.
• Los trabajadores de las plataformas digitales no serían considerados trabajadores y quedarían fuera de la relación laboral.
• Se crearía un fondo de cese laboral, semejante al de los trabajadores del gremio UOCRA y se eliminan la indemnización por despido. Ese fondo de desempleo será sólo con el aporte de los trabajadores y de las patronales.
• Las vacaciones se podrían fraccionar por tramos de hasta una semana y quedarían a criterio del empleador.
• La indemnización por despido podría pagarse hasta en 12 cuotas.
• Se habilitaría el despido “discriminatorio” en el que el empleador puede pagar un adicional del 50% al 100% sobre la indemnización.
• Conflictividad gremial: los trabajadores deberían garantizar entre el 50% y el 75% de las actividades en períodos de protesta.
• Las asambleas deberían ser autorizadas por las empresas.
• La toma y ocupación de fábricas son consideradas faltas graves. En esos casos el trabajador no cobraría el salario.
• Se extendería el período de prueba de 3 a 6 meses.
• Aportes sindicales: los aportes pasarían a ser optativos y los convenios por empresa tendrían más peso que los convenios colectivos a nivel nacional.
• Se reduciría la carga impositiva patronal: pagarían menos impuesto a las ganancias.

   El breve punteo señalado, de los 19 artículos que contempla el proyecto, es solo una pequeña dimensión del alcance que la aprobación del proyecto podría tener y se resume en mayores beneficios para el empresariado que, desde hace unas tres décadas, reclama modificaciones en los avances que los trabajadores tuvieron a lo largo del siglo XX: beneficios impositivos que tendrán consecuencias en la recaudación y los fondos coparticipables que envía el gobierno nacional a las provincias (se estiman un 3 billones para 2026) y de aportes que benefician en términos salariales y de seguridad social a los empleados. Además de reducir a su más mínima expresión, la capacidad de organización sindical de los trabajadores al interior de las empresas y por afuera de ellas.

   El proyecto se inscribe en una lógica en la que las nuevas formas de trabajo, fundamentalmente en el área de servicios como el delivery, el home office, entre otros, empujan a construir una nueva matriz cultural en la que los vínculos con los dispositivos de la presencialidad laboral: horarios, rutinas, diálogos, acuerdos y disensos en el trabajo diario, se hacen cada vez más difusos y precarios.

    Todo ello agravado por una transferencia fenomenal de recursos e ingresos del salario de los trabajadores al sector empresarial. En tal sentido la consultara Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), publicó un informe en el que explica que esa transferencia sería de unos 60 billones de pesos. El informe lleva las firmas de Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman, Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich, quienes presentan periódicamente sus informes de coyuntura y en el que señalan el impacto que la distribución regresiva de ingreso provoca en la vida cotidiana de la población.  

Las condiciones políticas están dadas para que el gobierno de Milei pueda avanzar en una medida pensada a gusto y placer de un empresariado cada vez ávido de acumular ingresos. El resultado parcial de la batalla cultural, se mide por la capacidad de movilización que el conjunto de la población pueda construir frente al avance de una política que destruye los últimos destellos del estado de bienestar: el empleo estable y formal, la seguridad social, el acceso a la salud y a la educación de calidad, entre otros aspectos. Pensar que la población vive mejor, como lo sugiere a diario el gobierno nacional, es contraintuitivo. A diario, por experiencia directa, las personas pueden ver como se precariza la vida: pobreza, indigencia, inflación manipulada, el cierre de fábricas y de PYMES, la caída estrepitosa del consumo, son su expresión más clara.