«Abandonar el síntoma»: repudian accionar policial contra el Juez Arias

Por Política en Movimiento 

Comunicado de Prensa

Quiere expresar a la ciudadanía platense su enérgico repudio a la privación ilegítima de la libertad por más de una hora sufrida recientemente por el juez Luis Arias de parte de la policía bonaerense durante la madrugada del lunes 5 de octubre del corriente año en la intersección de la ruta provincial 36 a la altura de la calle 510 cuando el magistrado regresaba a la ciudad con su familia en su auto particular luego de un fin de semana de descanso.

En un hecho absurdo, un primer patrullero de la policía lo cruza sorpresivamente en la ruta provocándole la reacción de una maniobra brusca para no colisionar. Instantes más tarde, diez patrulleros terminan rodeando al juez demorándolo injustificadamente y sin ninguna orden judicial que lo amerite, sometiéndolo al escarnio frente a su familia asemejándolo a un delincuente de alta peligrosidad.

El juez Luis Arias viene demostrando desde sus inicios en el ejercicio del derecho y luego como funcionario público, su total filiación con los sectores de vulnerabilidad social, al punto de afrontar situaciones que han puesto en riesgo su integridad física en numerosas ocasiones. En este sentido, la ciudadanía platense reconoce en el juez Arias a un hombre íntegro, probo, de buena fe, trabajador, con coraje, capaz de denunciar las verdades que pocos se atreven a manifestar públicamente.

No cabe ninguna duda, para quienes no somos ingenuos, que este tipo de accionar de la policía, constituye un claro abuso de poder ligado a la peor de las tradiciones de la historia policial, exceptuando, claro está, a aquellos que cada día saben cumplir con la honorable misión que la carga de su tarea les impone.

La historia reciente de la Argentina tiene mucho para recordar en esta temática. No es la primera vez que la policía bonaerense tiene reacciones desmedidas frente a personas comprometidas con lo público. Los hechos se cuentan por varios millares en los últimos cuarenta años, con desapariciones y muertes nunca aclaradas que demuestran hasta dónde es capaz de llegar el poder policial. Apelamos a los resortes de la memoria popular que – estamos convencidos – los tiene bien presentes.

La violencia institucional – y este caso lo es – no constituye un hecho aislado en la fuerza policial, muy por el contrario, expresa el contubernio existente entre la fuerza y el poder político, un entramado inescrupuloso y brutal cuyas complicidades llegarían muy alto si una mínima indagación lo permitiera. ¿Quién puede demorar y privar ilegítimamente de la libertad a un magistrado con inmunidad de arresto, de madrugada, en una ruta oscura, alejada de la ciudad, con diez patrulleros y personal armado sin una mínima explicación ni orden judicial que lo justifique?

Hechos de esta característica forman parte constitutiva del diseño institucional de las fuerzas represivas del Estado y compone un rasgo propio de la aún frágil democratización y purificación política e ideológica de la fuerza policial que como sociedad nos debemos y que coloca en riesgo real y fehaciente a la población en general y a los sectores de mayor vulnerabilidad en particular.

¿Qué desenlace hubiese tenido este suceso padecido por el juez Luis Arias si en su lugar hubiera estado cualquier civil de bajos recursos? Sin lugar a dudas que es una pregunta contrafáctica, pero ello de ninguna manera invalida la interrogación por la médula de la mirada punitoria que la policía bonaerense tiene sobre quienes denuncian las injusticias o sobre quienes la padecen. El caso más notorio – en el que ”curiosamente” participó el juez Arias – lo constituyó la toma de Abasto en donde más de ciento cincuenta personas fueron violentamente desalojadas por la policía bajo una misma tipología de procedimiento: de madrugada, en la oscuridad de un lugar alejado, sin cámaras ni micrófonos que reflejaran el accionar policial, sin ninguna orden judicial que estuviera en vigencia. En aquella fría madrugada del 7 de mayo de 2015, la misma policía bonaerense, aún cuando el poder político había logrado frenar el desalojo, acometió con violencia frente a niños, mujeres embarazadas y personas discapacitadas, masacrando sus mascotas y quemándolas frente a sus ojos, junto a sus madres espantadas y sus padres impotentes ante la fuerza del poder de las armas. También quemaron sus pertenencias.

Todo lo arrasaron. Con saña. Con ira. Con placer. ¿Quién puede concebir semejante atropello a la dignidad humana sin tener detrás un poder mayor que lo respalde?

Resulta urgente un tratamiento de este caso padecido por el juez Luis Arias que resignifique la direccionalidad de la acción, entendiéndola como una señal reenviada no solo al juez sino al poder político, al que está y al que vendrá, en una abierta anticipación de lo que es capaz de hacer con cualquier mortal que ostente alguna posibilidad de cambio de las reglas de juego.

Resulta imprescindible e indelegable, en un momento de coyuntura electoral, que las señales y los signos que las representan se sometan a una lectura consiente, sagaz, inteligente, despierta, que no se quede en lo fáctico sino en el sentido que inspira la acción.

Es la política quien tiene la obligación de asumir este desafío.

Su función es la de traducir estos reclamos de justicia en políticas públicas capaz de construir un discurso que desarticule la violencia institucional, en cualquiera y en todas sus formas, en una mayor democratización de la fuerza policial.

Es hora de ir a la causa y de abandonar el síntoma.