A dos años de la trágica inundación en La Plata

Soledad Escobar, Adelina Alaye y el Juez Luis Arias.

(*) Por Soledad Escobar

Sin dudas, la inundación del 2 y 3 de abril del año 2013 en la ciudad de La Plata, constituye la peor tragedia de la que tengamos memoria. Los que amamos esta ciudad, sus tilos, diagonales y plazas, sentimos que hay un antes y un después de ese evento. Cantidad de preguntas quedaron flotando en las aguas turbias que arrasaron con la vida de tantos vecinos. ¿Podría haberse evitado? ¿Existía algún tipo de aviso de que algo así podía ocurrir? ¿51 muertos?

Claramente, no podemos evitar que lluevan, ni 10 ni 400 milímetros. Pero como podemos observar en muchos documentos, había aviso previo. Como ejemplo tenemos una nota publicada en el diario Clarín el 18 de mayo del año 2008 que titula: “Si no se hacen obras urgentes, el Gran La Plata quedará bajo el agua”. En la bajada de la nota observamos: “Según los científicos, ocurriría en 20 años. Hace casi 3 meses, 90.000 personas se inundaron en esa zona tras un gran diluvio que puede repetirse. ¿Las causas? Drenajes insuficientes y construcciones sin control.” Y hasta el propio Bruera aparece en esa nota diciendo: “Acá no había Plan Director, se asfaltaron más de mil calles sin una sola obra de drenado y alcantarillado, cuando asumimos en diciembre encontramos la ciudad en un estado de abandono total».

¿Qué hizo entonces entre el 2008 y el 2013, el intendente? Pues absolutamente nada. Mientras nuestros vecinos se ahogaban, él estaba en Brasil sin permiso del Concejo Deliberante, por lo que el municipio se encontraba acéfalo. No se crearon planes de contingencia que hubieran salvado tantas vidas, y aún hoy esos planes siguen sin aparecer. La desidia mata.

Cuando el 5 de abril de 2013 escuché que el Gobernador Scioli anunciaba que las víctimas fatales eran 51, supe inmediatamente que era una mentira. Decidí entonces, al día siguiente, recorrer comisarías y fui hasta la misma morgue policial cita en el cementerio local. Usaba mi celular como grabador. De ese modo, el día 8 de abril encontré el primer caso de una muerte oculta: la de Juan Carlos García. Esa primera semana de investigación di con varios casos más. La policía se acercaba a los domicilios en los que habían fallecidos e instaba a los familiares a recurrir a médicos particulares para certificar las defunciones como de origen natural: Paro Cardiorespiratorio No Traumático. Fue ese el primer mecanismo para que no se incrementara el número de víctimas. Pero ¿fue el único?

A fines de noviembre, mientras avanzaba con la investigación y ya había encontrado varias inconsistencias más entre lo que informó el ejecutivo provincial, una mujer se comunicó conmigo y me dijo “enterré a mi papá dos veces”.

Fue así como llegamos a los entierros con falsa identidad, gracias a ese caso testigo, a la pericia que ordenó el Juez Luis Arias a la Gendarmería en la morgue policial.

Se encontraban alojados allí más de sesenta cuerpos descomponiéndose unos sobre otros a temperatura ambiente. Se había pergeñado un plan para inhumar cuerpos con falsa identidad. ¿Era ese plan para ocultar víctimas de la inundación? Aún no hemos podido determinarlo debido a las constantes trabas judiciales que pone Fiscalía de Estado, que representa al Ejecutivo Provincial.

Información clave surgió de la pericia informática que se realizó sobre las computadoras de la morgue. El día 9 de abril, a pesar de concurrir con una orden judicial, la policía impidió el ingreso a esa dependencia al Juez Arias. Al día siguiente y por orden del entonces ministro de Seguridad y Justicia, el Dr. Ricardo Casal, quién de modo irregular solicitó una pericia en el marco de una causa penal en la cual él no era parte, se hicieron presentes en la morgue el juez de GarantíasGuillermo Atencio, el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, el subsecretario de Política Criminal y estrecho colaborador de Casal, César Albarracín, y otros funcionarios judiciales.

Mientras en una de las computadoras se labraba el acta de la inspección ocular, en otra creaban un archivo Excel al que denominaron “Archivo Fantasma”. En este archivo generaron un listado de 56 cuerpos que habían pasado por la morgue en el pasado (llegando hasta el año 2006). El objetivo era dar comienzo a un plan de inscripciones de defunciones ilegales, con el objetivo de obtener una licencia de inhumación y enterrar así cuerpos con falsa identidad.

Es tal la cantidad de ilícitos perpetrados y de funcionarios involucrados, políticos, judiciales y policiales que resulta aberrante que luego de dos años no haya existido intervención de otros estamentos judiciales y políticos para juzgar a los responsables. Vivimos en una provincia en la que reina la impunidad.

Debemos seguir luchando para que el Nunca Más sea para siempre.

(*) Soledad Escobar es autora del libro “Lo que el agua no encubrió”.