“Los procesos inflacionarios no son neutrales”, sentencia Mario Rapoport, Director del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI) del Conicet-UBA, antes de adentrarse en una explicación más acabada sobre los problemas de la inflación en el país. La afirmación está incluida en su trabajo “Una revisión Histórica de la inflación argentina y su causas” y en su introducción Rapoport recuerda a un periodista económico, Enrique Silberstein, que solía decir que “el ataque a la inflación va dirigido generalmente a los costos, o sea al aumento de sueldos y salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias (…) nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas”.
Sea como fuere, la preocupación fundamental del problema inflacionario es que la misma provoca una transferencia de recursos de un sector a otro en el que, generalmente, los sectores más perjudicados son los asalariados de bajos ingresos, los beneficiarios de la asistencia del estado y los desocupados.
Por ello Rapoport plantea necesario comprender quiénes son los ganadores o perdedores en los procesos inflacionarios para entender algo acerca de la naturaleza de la misma. En ese marco también destaca que la “deflación”, este cronista recuerda el período más oscuro de esa etapa en la crisis de 2001, implica “una redistribución de ingresos hacia los sectores más ricos de la sociedad”, que en la práctica no son ni más ni menos que los acreedores o aquellos que condujeron ese proceso concentrando en su poder la mayor liquidez del sistema (Bancos).
En tal sentido es necesario estar atentos a cualquier propuesta que esté orientada a llevar adelante, en un país que hoy ronda el promedio de un 30% de inflación anual, una política económica que pregone el ajuste fiscal, el congelamiento de precios y salarios y la reconversión de la moneda.
Hay, se percibe en lo cotidiano, pero se evidencia que está fuertemente agitada por los medios opositores, una suerte de sensación de desequilibrio en la economía, pero que es el resultado de los problemas derivados de la encrucijada que plantea el crecimiento con inflación. En ese sentido Rapoport explica que “las prioridades son distintas si la economía combina precios relativamente altos con un aparato productivo funcionando a pleno” o si por el contrario “los precios descienden pero las industrias quiebran, la tasa de desempleo supera el 20% y casi la mitad se encuentra bajo la línea de la pobreza”.
Rapoport recuerda algunas lecciones que nos ha dejado la historia argentina y una mirada que hizo un aporte fundamental para la comprensión del problema de la inflación: el de la visión “estructuralista”. Fue planteada por Julio Olivera y seguida por Aldo Ferrer y ella sostiene que el problema de la inflación obedece, en países latinoamericanos, “a las rigideces y asimetrías de la economía, como el estrangulamiento en la balanza de pagos”. Es decir el problema de la “distribución del ingreso, los cuellos de botella en el sector externo y en las cadenas productivas, la generación de tecnología propia o la acumulación de capital”. Allí es necesario destacar, esta es la novedad del fenómeno que viene a constituirse en un aporte de la visión “estructural”, es el poder monopólico que algunas empresas tienen sobre el mercado de bienes y servicios. En la Argentina tienen la fuerte capacidad de incidir sobre los precios de los bienes de primera necesidad y eso ha quedado demostrado con la política de precios cuidados. Cuando el estado comenzó a intensificar los controles sobre el acuerdo de precios, el impacto en el bolsillo de los consumidores fue favorable.
No hay recetas. Solo es posible tomar medidas que lentamente vayan corrigiendo las distorsiones. Muchas veces, también, se necesita de la plena conciencia de los consumidores para tornarse en verdaderos actores sociales para modificar, aunque más no sea, la realidad inmediata.