Privatización de la incertidumbre: ¿La protección de quién y para quién?

Por Ester Da Silva 

Especial para El Tranvía

Nuestra colega Ester Da Silva es miembro del Programa de Educação Tutorial de Relações Internacionais da PUC-SP y Cruz Vermelha Brasileira, y especialista en el tema. Aquí nos entrega un artículo que da cuenta de la preocupación creciente en Brasil,  ante la proliferación de servicios de seguridad privada. La lupa, en este caso, está puesta en las responsabilidades del estado en la provisión de este servicio y los riesgos inherentes a la privatización del sistema: la venta ilegal de armas y otros negocios ilegales que ponen en jaque a la sociedad en su conjunto. Otra vez surge el gran interrogante muchas veces planteado desde este medio: ¿De qué hablamos, cuando hablamos de inseguridad?

El Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la PUC (Universidad Católica de San Pablo) y profesor de la Graduate Program San Tiago Dantas imagen ( UNESP , UNICAMP y PUC –SP), Reginaldo Nasser, dijo en su libro «Nuevas perspectivas sobre los conflictos internacionales «, que el fenómeno de los proveedores de seguridad privada internacional es nuevo,  por su tamaño y la especialización son equivalentes y a veces superior, a los proveedores de seguridad del Estado. La privatización de este sector pone, por ejemplo, a Brasil como líder de mercado en América Latina, de acuerdo con datos proporcionados por la Organización de los Estados Americanos (OEA). El país representa alrededor de 2.900 empresas de seguridad y cuenta con aproximadamente 1,6 millón de profesionales en el área. Sin embargo, estas empresas no garantizan necesariamente el orden nacional, e incluso puede resultar problemáticas para el Estado y los ciudadanos.

De acuerdo con la Fundación Canadiense para América (FOCAL), en el contexto del rápido crecimiento de la violencia y el crimen, la privatización de la seguridad es una tendencia en la que las empresas y otros servicios públicos tratan de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto se hace en ausencia completa en, o ante, la impotencia de los aparatos de seguridad del Estado.

De acuerdo con el Proyecto de Ley N º 4340 de 2008, el Sr. Onix Lorenzon, los supervisores de empresas de seguridad privada serían relevados del pago del envío en la compra de armas de fuego. El mismo representante, dijo que “las compañías de seguridad privadas ofrecen cursos especializados en posesión de armas de fuego, por lo que no debería ser muy restringido su uso”. El ponente del proyecto, el Sr. José Genoíno, sostiene que “si bien el porte de armas por parte de algunas autoridades públicas es para uso individual, es decir, cada autoridad ordenanza su armamento, en el caso de la seguridad privada, se le da a la empresa.

Sin embargo, los índices publicados recientemente por el Instituto Sou da Paz, basados en los informes de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI ) para el tráfico de armas, indican que las 10.000 armas incautadas a los criminales -y seguidos por la Policía Civil de Río de Janeiro en 5 años, 1998 para 2005- el 17% pertenecía a las empresas de seguridad privada. Según el diario Estado, desde 2004, las 97. 549 armas de fuego que se registraron en el nombre de las empresas de seguridad en Sao Paulo, 21.240 (22 %) fueron robadas. Esta cantidad, de más de 20.000 armas, es equivalente a todo el arsenal de la Policía Civil de la Región Norte y el Estado de Goiás (estimado en 17.000 por el Ministerio de Justicia).

Como señala el periódico de São Gonçalo, en 2012 , una empresa de seguridad en Niteroi fue el objetivo de la investigación del IPC, debido a la pérdida de más de 100 pistolas y cuatro rifles armas calibre 38. Las investigaciones dan cuenta del tráfico de armas en el estado y sus ramificaciones en Niterói y São Gonçalo, en el que las transacciones realizadas posiblemente por las propias empresas de seguridad que intervienen en el sistema, como lo demuestran las investigaciones.

También vale la pena señalar que en mayo de 2013, las investigaciones policiales detectaron cerca de siete mil empresas de seguridad privada que operan en forma irregular en Rio Grande do Sul y en muchos casos la policía ha prestado trabajo protegiendo la delincuencia organizada. En Maranhão, en el mismo año, la policía ofrecería a los agentes de seguridad privada fuera de servicio, la creación de milicias de entrenamiento.

La seguridad privada no es más que un riesgo para la sociedad, sino también para el propio Estado, que parece haber perdido el control de la creciente proliferación de empresas de seguridad privada y los límites deben ser puestos en ellas. Algunas de las formas de limitar a las empresas de seguridad es, por ejemplo, el Estatuto de Desarme. Sin embargo, las empresas de seguridad de funcionamiento libre e irregular, pueden ser la consecuencia de las deficiencias en las regulaciones que deberían tener normas más estrictas, así como inspecciones que deben poner fin a la operación ilegal de estas empresas. Así es como una de las mayores fuentes de desvío de armas y municiones, así como la tarea de proporcionar servicios ilegales y altamente contaminados por el crimen organizado, están mal controlados por el estado.