El abrazo simbólico a la Corte Suprema de Justicia bonaerense, quizás haya sido sólo eso, pero la fuerte carga simbólica que representa no deja dudas del papel fundamental que, a fuerza de organización, han logrado jugar las asambleas vecinalistas para que las víctimas de la inundación del día 2 de abril en la ciudad de La Plata no queden impunes y en el olvido.
Por ello las asambleas, integradas por vecinos damnificados, familiares de las víctimas fatales, entre otros, han desarrollado una política por afuera de los organismos del estado y de las fuerzas políticas tradicionales.
La excepción sigue siendo el fuero contencioso administrativo a cargo del Dr. Luis Arias, el magistrado que no ha cejado en su investigación para establecer el número definitivo de víctimas fatales que, “prima facie”, está claramente por arriba de las 100 personas.
El segundo frete es el económico que, según distintas estimaciones, rondaría los 6.000 millones de pesos, y que no es nada más y nada menos que las pérdidas materiales del conjunto de los vecinos que sufrieron las consecuencias de la lluvia. En ese sentido tampoco hubo respuestas de parte del gobierno de Scioli y el gobierno municipal de La Plata.
En el medio están las irregularidades que María Soledad Escobar, “Amicus Curiae” en la causa que instruye el Dr. Arias, detectó en los certificados de defunción que fueron fraguados en la morgue. En ellos, aseguró a este medio, se “certificaban las muertes como ajenas a las causales de la inundación”. Así, por ejemplo, una persona había muerto el 2 de abril por un paro cardiorrespiratorio, sin que se pusiera en consideración que el paro había sido provocado por el impacto del temporal de lluvia.
Escobar se tomo el trabajo de salir a la calle a investigar, apenas el gobierno provincial difundió la lista con las 51 víctimas fatales entre las que no estaba por ejemplo Josué Gonzalo Suárez Salazar, un vecino platense de origen peruano al que intentaron hacer pasar su muerte como el resultado de una descarga eléctrica, en un claro caso de discriminación según contaban los testigos. O el de Ada Teresa Rodríguez de Castro, un caso narrado por la propia presidente Cristina Fernández y que conocía de fuentes directas porque la mujer era vecina de su madre en el barrio platense de Tolosa.
La lista de víctimas fatales no fue cerrada y sólo se dará a conocer cuando el Dr. Arias avance en la investigación y esté en condiciones de tomar una resolución en el caso.