Ecuador- La disputa de sentidos

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, el pasado 25 de junio, se plantea un nuevo desafío de gran trascendencia para hacer realidad los derechos ciudadanos a la comunicación reconocidos en la Constitución del 2008. Esto es, frente al actual predominio del modelo mercantil-privado-oligopólico, ¿cómo generar e implementar nuevos modelos de comunicación que devuelvan a la ciudadanía el control sobre sus procesos comunicativos?

En esta época en la cual la vida política de nuestras sociedades, la organización y movilización social, la disputa de ideas y modelos de sociedad y las mismas relaciones sociales e interpersonales, se encuentran cada vez más atravesadas por los medios y tecnologías de la comunicación, se vuelve un imperativo de los procesos democráticos analizar y repensar las formas de organización, gestión y control de éstos. En efecto, la industria mediática concentra un enorme poder que hoy, bajo el modelo imperante, define la agenda pública en función de intereses privados y no rinde cuentas ante nadie.

La Constitución ecuatoriana se destaca no solo por reconocer el derecho a la participación en los procesos comunicacionales y a una ciudadanía bien informada, sino también por establecer un tercer sector de la comunicación, más allá del privado y el público, que es el sector ciudadano sin fines de lucro -que denomina como «medios comunitarios»-, el cual debe desarrollarse en igualdad de condiciones con los otros dos sectores. Este solo hecho, que supera la visión tradicional reducida a la polaridad Estado-sector privado, representa un cambio paradigmático significativo.

El reparto igualitario de frecuencias previsto en la ley y la creación de medios comunitarios, sería un paso importante, pues significa una especie de «reforma agraria» de las ondas radioeléctricas que permitiría establecer un terreno más equitativo y –al igual que lo que sucedió con las tierras–contribuiría a sacudir las bases del modelo actual de los “latifundios” mediáticos. Pero esto no basta. Y es que promover efectivamente la participación, la interacción, nuevos valores y una estética distinta en la comunicación implica pasar por profundos cambios culturales, pues de poco servirían si la población no se apropia de ellos.

Si bien este cambio de modelo no concierne solo al tercer sector –más bien tendrá sentido en la medida en que se generalice-, es sin duda en ese sector que hay un mayor potencial transformador, debido a que la comunicación comunitaria, popular o alternativa tiene una larga historia en el continente de enraizamiento y compromiso con los sectores populares y de defensa de la democratización de la comunicación, además de un rico acumulado de experiencias en comunicación participativa. Por cierto, hasta ahora ha sufrido limitaciones por las condiciones de precariedad que le han dejado en desventaja frente a los otros sectores.

Haciendo una comparación con la economía, las teorías dominantes toman en cuenta únicamente a dos sectores: el privado y el público-estatal. La Constitución ecuatoriana de hecho es una de las primeras en reconocer a la economía popular y solidaria como una de las formas de organización de la economía, junto con la privada, la pública y la mixta. Sin embargo, en las políticas públicas, se sigue tratando a este tercer sector más como parte de las políticas sociales que como un sector económico con igual derecho y potencial que los otros.

De manera similar, en el caso de la comunicación comunitaria, para que salga de la marginalidad y asuma su potencial transformador de la comunicación, requerirá de políticas de fomento, de formación y capacitación, de condiciones técnicas y fuentes de autosostenimiento que le den viabilidad, y por supuesto, de mucha creatividad. Y ello solo será viable en la medida en que deje de ser considerada como algo segundario, artesanal y circunscrito al ámbito local. Implica también desarrollar pensamiento teórico y asegurar su plena inclusión en el pensum de estudios de la comunicación.

En la búsqueda de un nuevo pensamiento teórico hacia este cambio de paradigma, un aporte clave viene de la escuela de pensamiento de la economía política de la comunicación (durante mucho tiempo relegada en la academia por el pensamiento neoliberal). Esta escuela, según Robert McChesney, es orientada a entender los factores que permiten producir un sistema mediático que fomente valores democráticos en la sociedad, y para ello persigue dos líneas generales de análisis: por un lado, las instituciones, subsidios, estructuras de mercado, empresas, mecanismos de apoyo y prácticas laborales que definen un sistema mediático o comunicacional; y por otro, el rol de las políticas públicas de comunicación y cómo han sido debatidas y definidas[1].

Entre los elementos centrales que esta línea de pensamiento ha puesto en evidencia, está el hecho que el mercado privado de la información no funciona de acuerdo a los principios del “libre mercado”, donde supuestamente la competencia regula el precio y la calidad del producto. Ello ocurre primero porque la misma información, a diferencia de los bienes físicos, se puede vender simultáneamente a muchas personas y no se desgasta con el uso. Y segundo, porque la fuente de lucro no es tanto la venta del producto a los consumidores, cuanto que la “venta” de éstos a los patrocinadores. Ello implica, en términos de mercado, que importa menos la calidad de la información que la cantidad de consumidores.

Otro aspecto central que analiza es la conformación de oligopolios y su vinculación con intereses afines del poder económico, con lo cual el periodismo ha dejado de ser un contrapeso al poder hegemónico y la producción mediática pasa a ser funcional de ese poder. Así, de estos análisis se desprende que el sistema mediático imperante en las Américas, articulado en torno al sector privado, entra en contradicción directa con el derecho ciudadano a una información de calidad, base de la participación democrática. Por lo cual resulta fundamental diversificar las formas de propiedad y gestión de los medios.

En el ámbito ecuatoriano, estos temas comienzan apenas a entrar en el debate. A pocos días de aprobarse la Ley, el gobierno organizó la Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (Guayaquil, 19 – 20 de junio), donde en su discurso inaugural, el presidente Rafael Correa expuso justamente un análisis[2] desde el enfoque de la economía política de la comunicación. Situando su observación en el contexto de la actual dominación del mundo por el capital, cuyos intereses priman sobre los derechos de los seres humanos, el economista Correa ubicó como un primer problema la forma de propiedad -con fines de lucro- de los grandes medios, siendo que ellos concentran un poder que crece en la medida que la información es un bien indispensable; y por lo mismo -argumentó-, es un sector que debería ser fuertemente regulado en defensa de los consumidores.

Correa habló también de la necesidad de democratizar la propiedad de los medios y de independizarlos del dominio del gran capital, así como de crear medios por fuera de la lógica del mercado (comunitarios y públicos).  En el caso de Ecuador, recordó que la Constitución de 2008 obliga a la separación de poderes entre el sector económico/financiero y el sector de los medios de comunicación.

No deja de ser significativo que sectores del poder político estén asumiendo tesis que desde hace mucho tiempo viene defendiendo el movimiento por la democratización de la comunicación; pero aún falta mucho para que se asuma la dimensión del reto que implica desarrollar las nuevas visiones y prácticas a las cuales refiere el inicio de este artículo. Justamente llamó la atención que la misma Cumbre de Guayaquil no consideró incluir los aportes del sector comunitario en las mesas de debate.

Quien de alguna manera sí abordó el tema en esta Cumbre fue el académico español Francisco Sierra; él planteó la necesidad de un periodismo para el buen vivir y una nueva ecología de la comunicación saludable, autónoma y emancipadora. En su ponencia apeló a la recuperación del espacio de dominio público, que se refiere no solo a los medios públicos, sino, por ejemplo, a garantías de acceso, participación y deliberación pública sobre la acción mediadora de las industrias periodísticas. A la vez lamentó que la mayor parte de la profesión periodística en el mundo no tenga consciencia de esta dimensión pública de la comunicación. “No hay comunicación ni nuevo periodismo si no hay una afirmación de la comunicación como un derecho social y de la información como un bien común”, enfatizó. Habló de recuperar la capacidad de narrativa y el periodismo ciudadano, que implica volver a las calles.

En el debate posterior, en respuesta a una pregunta de ALAI, el académico reconoció el papel central del tercer sector en ese proceso y añadió que ese sector «es estratégico para la regeneración democrática del tejido. En América Latina debe ser una punta de lanza fundamental, por la tradición de ese periodismo del Sur, desde abajo, de nuevas prácticas, de otras agendas y otras técnicas de producción en diálogo con la gente».

Toda vez, Sierra señaló dos tareas pendientes, que los países no han asumido hasta ahora: «clarificar qué entendemos por tercer sector; y cómo organizar una economía de ese tercer sector». Sin despreciar los apoyos del presupuesto público para financiar los medios comunitarios, el analista recordó que «el reto es también tener autonomía y sostenibilidad en sus proyectos». Por ello, saludó el hecho que la ley ecuatoriana –a diferencia de España y la mayoría de países de Europa– reconozca la posibilidad de que ellos se financien con patrocinios y publicidad. Pero –señaló– plantear seriamente la organización de la economía social de la comunicación pasa por «integración, convergencia y plataformas de medios ciudadanos, públicos, de titularidad del Estado –gobierno central, local y autonómico– y, por supuesto, medios sociales de la ciudadanía».

Sierra se refirió también a otro frente, que es cómo los medios de ese sector «redefinen su posición en esta convergencia digital de las grandes corporaciones privadas y de los medios públicos». Citando el ejemplo de Europa, lamentó que la colaboración entre medios públicos y comunitarios sea prácticamente inexistente; y planteó la idea de hacer un pool de dominio público de medios ciudadanos y medios públicos, para compartir producción, publicidad, estrategias y capacidad de organización, en un marco de respeto de la autonomía. Pues –dijo– «no es sostenible esta proliferación de medios, muchos de ellos fenecen en el intento por puro voluntarismo». Si bien pueden haber enfoques diferentes, a veces contrapuestos, «si se trata de ampliar agenda ciudadana y dominio público, creo que los intereses son convergentes», opinó.

Francisco Sierra concluyó reconociendo que son muchos los retos para poder avanzar y que hace falta abrir el debate con la participación activa de medios comunitarios, para reflexionar sobre cómo materializar y desarrollar buenas prácticas, hecho que el nuevo marco reglamentario de Ecuador podría facilitar, en la medida en que representa «un gran avance democrático para el país».

La entrada en vigencia de la ley ha desatado un cruce de opiniones y criterios dentro y fuera del país, en el cual hasta ahora prima la campaña de descrédito lanzada por los grandes medios frente a lo que llaman la «ley mordaza», campaña que se ha intensificado al coincidir con la solicitud de asilo político de Edward Snowden a Ecuador, a cuyo gobierno se acusa de «doble moral». Sin duda la ley no es perfecta; pero si logra efectivamente desatar un debate de fondo y enrumbar iniciativas para un cambio de modelo de la comunicación, entonces este «avance democrático» del cual habla Francisco Sierra tendrá relevancia no solo para Ecuador sino para toda América Latina.

* Sally Burch es periodista de ALAI.

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