Colombia- Por la reforma rural integral

Osvaldo Drozd

El documento conjunto afirma que los puntos acordados estarán condicionados a que se llegue a un acuerdo total en el diálogo.

Desde la mesa de negociaciones de paz establecida en La Habana, el pasado domingo 26 de mayo, tanto el gobierno de Colombia como los representantes de las FARC anunciaron la firma del primer punto de acuerdo, sobre una agenda de cinco, y si bien la línea establecida por las dos partes es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, el acuerdo sobre el tema rural y agrario, que fue precisamente el punto de arranque de las conversaciones, resultaba tal vez el más árido de la agenda, y el de más difícil resolución en un virtual escenario de posconflicto.

El anuncio se realizó luego de nueve meses exactos de instalada la mesa y poco más de seis del inicio de las conversaciones formales entre las dos partes. Bajo la denominación de “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, las dos partes les entregaron el documento a las delegaciones de Cuba y Noruega para que las hagan públicas, y en donde se asegura que se han construido acuerdos sobre los siguientes temas: 1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva; 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial; 3. Infraestructura y adecuación de tierras; 4. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza; 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral: y 6. Políticas alimentarias y nutricionales.

Según versa el documento, “el acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado” asegurando que lo que se ha convenido “será el inicio de trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia” y que esto estará “centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo”.

La afirmación en el mismo documento de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, adquiere significación, en el sentido de que todos los acuerdos que se vayan construyendo, van a estar condicionados a que se llegue a un acuerdo sobre la totalidad de la agenda y que también, en la medida en que se avance en la discusión se puedan ir ajustando y complementando los diferentes acuerdos, sobre cada uno de los cinco subpuntos. La aclaración de esto último cobra cierta relevancia, porque como afirma Roberto Romero Ospina en el portal Rebelión: “Se trata de aspectos muy generales ya que no se dieron a conocer los detalles de este primer pacto” ya que salvo el Fondo de Tierras propuesto por las FARC “conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico” y que fuera incluido en el acuerdo, no abundan detalles acerca de los diferentes puntos, lo que hace pensar que “existe un borrador de acuerdos donde se toca el más grave problema del campo como es el latifundio, además de la extrajerización del suelo y la propiedad de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, sugiere Romero Ospina. El debate sobre el latifundio resulta sustantivo porque tal como expresara Pablo Catatumbo, uno de los hombres fuertes de las FARC, en una entrevista realizada por la periodista María Jimena Duzán para la revista Semana el pasado 25 de mayo, éste señaló que “el latifundismo es lo que históricamente nos ha llevado a la guerra. Este conflicto comenzó cuando López Pumarejo dijo que los campesinos tenían derecho a su tierra e inmediatamente el poder terrateniente se le vino encima. Ahí empezó la guerra”. La controversia podría surgir a partir de lo expresado por el jefe de la delegación del gobierno colombiano en La Habana, Humberto de la Calle quien dijera tras la firma del acuerdo que “todo esto se hará con pleno respeto por la propiedad privada y el estado de derecho. Los propietarios legales nada tienen que temer”. Por su parte, el lunes el presidente Santos avaló el primer acuerdo de la agenda enfatizando que se trata de un “salto cuantitativo y cualitativo” para el uso de la tierra, y que los poseedores de tierras adquiridas de manera legitima “no tienen nada que temer”.

Si se tiene en cuenta que en Colombia existe una poderosa oligarquía que se enriqueció con el desplazamiento de campesinos e indígenas, apropiándose de tierras que además fueron las principales zonas de acción para el despliegue del bandas paramilitares y del narcotráfico, la expresión “manera legítima”, en boca del mandatario cobra singular importancia, y debe retumbar en los oídos de todo ese sector que hoy se ve representado por el ex presidente Álvaro Uribe. No es ocioso recordar que en los años ’90 Uribe figuraba en una lista elaborada por los Estados Unidos, como uno de los narcotraficantes más peligrosos de América latina, ubicándolo en el puesto 82º, mientras que en el lugar 79º figuraba el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, fundador y líder del poderoso Cartel de Medellín. A través de la red social Twitter, Uribe señaló que el gobierno legítima al terrorismo como interlocutor para negociar el futuro del campo, calificando como inaceptable que el modelo del campo colombiano se negocie con el narcoterrorismo. “Terroristas de las FARC asesinan a nuestros soldados y policías y el Gobierno Santos los premia con un acuerdo sobre el agro”, dijo el ex mandatario en la red social, asegurando que el actual presidente fue elegido para combatir a los terroristas, pero ahora los realza como interlocutores políticos válidos. Vale señalar que el combate contra el denominado “terrorismo” fue la principal artimaña de todo un sector oligárquico colombiano, para mantener sus privilegios, dejando intacta la estructura agraria colombiana, constituyendo así la matriz principal de la dependencia tanto militar como económica, y generando signos inequívocos de superlativa desigualdad social.

Si bien un Uribe sabe muy bien a lo que se opone y qué es lo que defiende, ya que de implementarse esta reforma rural su sector se vería realmente afectado, el presidente Santos, que sin lugar a dudas también es parte de una fracción de las clases dominantes colombianas, da la sensación de haberse tomado muy en serio esto de convertir a su país en una nación capitalista más desarrollada y moderna, en donde todos los resabios de un retraso casi feudal son inequívocos obstáculos para ello. Vale señalar que el actual mandatario propuso desde el inicio de su gestión llevar adelante “las 5 locomotoras para el desarrollo” que son: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. La firma del acuerdo del primer tema de la agenda de La Habana coincide con una de las locomotoras, pero se enlaza a otras como las referidas a infraestructura, vivienda e innovación. Seguramente que el proyecto de Santos no es el mismo que el de las FARC, no tendría por qué serlo, lo que sí se debiera lograr es que la guerrilla pueda insertarse en la vida política de Colombia, en las mejores condiciones, para proponérselo a la sociedad, y justamente ése es el segundo punto de la agenda que se iniciará el próximo 11 de junio: Participación política.

El acuerdo del 26 se produjo un día antes de la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden al país neogranadino, quien tras reunirse con Santos le expresó su satisfacción por el Proceso de Paz, mientras que desde Bolivia los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro de Venezuela, de visita en el altiplano, se pronunciaron el mismo 26. “Nos llena de gran alegría”, dijo Maduro agregando que “Chávez soñó con la paz en Colombia y creo que vamos a ver su sueño hecho realidad”, mientras que Evo felicitó a Santos asegurando que “con paciencia y esfuerzos llegó el acuerdo. Histórico, inédito”.

Por su parte el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño señaló que es “muy buena noticia que el gobierno colombiano y las FARC hayan superado el primer tema del diálogo de paz, el agrario”.