Persecución gremial en la Provincia

Walter Barboza

Los cinco delegados de ATE detenidos por orden del Juez de Garantías César Melazo, acusados del delito de “coacción agravada”, fueron liberados por el magistrado tras un día y medio de estar detenidos en el edifico de la Fiscalía de la ciudad de La Plata. Ellos son María Inés Uro, Gisel Mendoza, Silva Valdez, Miguel Ciappina, Marcelo Arditti y Alejandro Sánchez Moreno, todos ellos miembros de la comisión interna del gremio y que desarrollan su activismo de base en la sede del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y sus distintas dependencias.

El hecho no pasó desapercibido para el conjunto de las organizaciones sindicales que, independientemente de su pertenencia a una central en particular, rápidamente se movilizaron junto a distintas organizaciones políticas y sociales para pedir la liberación de los detenidos. Pero esa movilización, que se mantuvo desde la noche del martes hasta la tarde del miércoles tuvo un significado más profundo: poner fin a los métodos utilizados por la policía bonaerense y que cada vez son más semejantes a los implementados por la dictadura militar luego del golpe del año 1976.

Los delegados en cuestión habían participado en octubre del año pasado de la toma del hall de la sede del Ministerio de Educación, para exigir a la ministra Nora De Lucía que dejara sin efecto una disposición que quitaba la posibilidad de hacer horas extras en esa dependencia. El reclamo de los trabajadores, estaba sustentado en los efectos negativos que la medida iba a tener en el sueldo conformado de los empleados. Para ellos la eliminación de las horas extras significaba una reducción salarial lisa y llana.

En ese marco es que el conjunto de los empleados del Ministerio de Educación decidieron oponerse a un “ajuste provincial”. Lo que no imaginaban, es que el desenlace sería el que tuvieron que vivir en las últimas 48 horas cuando un grupo de policías vestidos de civil, sin esgrimir ninguna orden de detención, montados en coches particulares y sin patentes, los irían a buscar uno a uno a sus puestos de trabajo. Fue una redada que se hizo a la vista de los empleados y que hizo recordar, a los testigos presenciales, los métodos utilizados por la Triple A o la dictadura militar cuando buscaban a sus víctimas a plena luz del día y en las inmediaciones de sus trabajos.

Fernando Esteche, máximo dirigente de la agrupación Quebracho, contó a este cronista que la redada en el Ministerio fue luego de una reunión convocada por un funcionario de esa cartera. Esteche explicó que la idea fue “juntar a los delegados para tenerlos a todos juntos y apresarlos al mismo tiempo”.

La medida sentaría un precedente, si no fuera porque este tipo de práctica policial se viene repitiendo en el territorio bonaerense con mucha frecuencia. A tal punto que pareciera ser parte de una política de estado. Por caso el año pasado los delegados de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), habían denunciado que personal policial vestido de civil había realizado “tareas de inteligencia” sobre los trabajadores de los tribunales de la calle 13 que se encontraban llevando adelante un prolongado conflicto gremial. El hecho había sido denunciado por el gremio, con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria. Este organismo, además, viene trabajando fuertemente sobre el maltrato que reciben las personas privadas de su libertad y que se encuentran alojadas en las cárceles del Servicio Penitenciario provincial, que también dependen del Ministro Casal.

El Juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, lleva adelante la investigación sobre las personas que murieron como consecuencia del temporal desatado en La Plata el 2 de abril. En la misma logró detectar una serie de irregularidades que ponen en tela de juicio el desempeño policial. Certificados de defunción expedidos en forma irregular, cremaciones sin autorización, allanamientos de viviendas particulares sin orden judicial, fueron algunas de las anomalías que encontró el magistrado. En declaraciones a la prensa nacional y regional, no dudó en emparentar los métodos usados por el personal policial con “los utilizados por la dictadura”. La reiteración de una metodología, que a esta altura de los acontecimientos parece obrar como una doctrina en los hombres de la seguridad bonaerense.