Un mes del siniestro en La Plata

A un mes de la inundación que en La Plata dejó como saldo la perdida de numerosas vidas y un daño económico fenomenal que ascendería a los 2.600 millones de pesos, todavía se discute la cantidad de víctimas fatales y el misterio que encierra la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de contabilizar sólo las muertes que se produjeron en la vía pública y por asfixia por inmersión.

En ese marco es que el Defensor de Menores, Julián Axat,  y el Juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, lograron confeccionar una lista que por afuera de las 52 que oficialmente difundió el gobierno provincial, asciende a cerca de 76 personas. Aunque la misma no está cerrada, se cree que en los días posteriores murieron unas 300 personas como consecuencia del temporal.

Así casos de muertes por cardiopatías, neumonías, hipotermias o electrocuciones, fueron excluidos de la lista de Scioli y certificados como muertes por paro cardiorrespiratorios y no por muerte traumática producto de la inundación. Los cuerpos de las personas que fueron certificados bajo esta modalidad, fueron entregados por personal policial y sin intervención de la autoridad judicial competente. En algunos casos el fiscal interviniente, Juan Condoní Alcorta, dispuso la entrega de los cuerpos sin ordenar autopsias o con certificados firmados por los médicos policiales.

Arias había denunciado, apenas comenzó la investigación, que muchos de esos certificados habían sido fraguados e incluso le impidieron, por una cuestión de competencia, el ingreso a la morgue judicial donde se encontraban algunos esos cuerpos.

La desinteligencias en el fuero penal, y la liviandad con la que el fiscal dejó actuar al personal policial, puso de manifiesto la falta de conducción de la fuerza, la que habría obrado al libre albedrío.

En ese marco, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires los legisladores de la oposición revelaron off de record, que el Juez Federico Atencio, quien entiende en la causa a través del fuero penal,  explicó que “él no había dado la orden de ingresar a las viviendas particulares al personal policial, lo que puso en evidencia la falta de coordinación entre el magistrado, el fiscal y la policía”, explicaron los diputados.

El contexto no es el mejor en la comuna platense y el desánimo entre los afectados se va incrementando en la medida en que pasan los días y las dificultades para normalizar sus vidas aumentan.

Así la los autodenominados “Indignados de La Plata” marcharán a la Municipalidad para presentar un petitorio en el que reclamarán: el esclarecimiento del número real de víctimas, el juicio y castigo a los responsables políticos, subsidios y resarcimiento de todos los bienes perdidos, suspensión por un año de impuestos y tasas sobre los bienes,  para todo el partido de La Plata, Berisso y Ensenada, la inmediata ejecución de las obras hidráulicas bajo control y participación de las asambleas vecinales, la derogación del actual Código de Ordenamiento Urbano (COU) y esclarecimiento de lo sucedido en la destilería YPF.