Soberanía o remate: la Doctrina Peronista frente a la restitución de la Ley de Tierras

Por Luis Atilio Violini Rosas | luisviolini74@gmail.com

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de frenar cautelarmente la desregulación de la venta de tierras rurales a extranjeros —impulsada mediante el DNU 70/2023— marca un hito en la dinámica política reciente. Más allá de los tecnicismos procesales que dominaron el ida y vuelta judicial de los últimos días, el fallo no puede comprenderse sin el factor determinante que lo hizo posible: la movilización popular en las calles y la presión social organizada.

Para la tradición del Justicialismo histórico, este episodio no representa un mero debate jurídico entre poderes; es la escenificación contemporánea de una doctrina fundacional: la defensa del suelo patrio como patrimonio inalienable del pueblo argentino.

El territorio como pilar de la Soberanía Política

Desde la perspectiva del peronismo doctrinario, la tierra no es una commodity financiero susceptible al libre juego de la oferta y la demanda internacional. La Ley de Tierras (Ley 26.737), aprobada en 2011, recuperó en democracia un principio concebido en la Constitución de 1949: el dominio originario del Estado sobre sus recursos estratégicos y la función social de la propiedad.

La pretensión de derogar dicha norma por vía ejecutiva implicaba habilitar la concentración de recursos hídricos, zonas fronterizas y extensiones productivas en manos de capitales trasnacionales. En la concepción justicialista, entregar la titularidad del suelo equivale a abdicar de la soberanía política. Sin control sobre el territorio y sus bienes naturales, cualquier proyecto de desarrollo independiente queda subordinado a los intereses del capital extranjero.

La calle como articulador de la Justicia Social

El pronunciamiento del Máximo Tribunal no surgió en un vacío de laboratorio constitucional. Llegó tras jornadas de fuerte visibilización por parte de sindicatos, organizaciones campesinas, veteranos de guerra e instituciones de la sociedad civil.

Esta secuencia reactiva un postulado central de la filosofía peronista: la verdadera legitimidad nace de la organización del pueblo. Frente a la pasividad o la complicidad institucional, la comunidad organizada volvió a actuar como el valladar de contención republicano. Cuando el tejido social se moviliza en defensa de lo propio, las instituciones se ven forzadas a encauzar la demanda colectiva. La medida cautelar dictada por la Corte es, en última instancia, el reflejo de ese límite social infranqueable.

Independencia Económica: la tierra no se remata

El intento de liberalizar el mercado de tierras respondió a un modelo que el peronismo ha combatido históricamente: la primarización de la economía orientada al extractivismo y a la especulación inmobiliaria global.

La restitución cautelar de la ley devuelve temporalmente la vigencia a los topes de extranjerización (15% a nivel nacional, provincial y departamental), resguardando cuencas hídricas y zonas de seguridad. Para la mirada justicialista, esto constituye una victoria táctica en la batalla por la Independencia Económica.

El desafío en el horizonte legislativo

Si bien la cautelar frena el avance desregulador, la doctrina peronista enseña que las conquistas del pueblo no se agotan en las ventanillas judiciales. La solución de fondo exige una definición política en el Congreso de la Nación, donde la representación popular debe rechazar de forma definitiva los mecanismos que atentan contra la integridad territorial.

El fallo de la Corte Suprema demuestra que, cuando las banderas del Justicialismo —Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social— encarnan en la movilización concreta de la sociedad, la Patria reafirma que sus fronteras y sus recursos no están en venta.

13/10/2026