La Seguridad y sus responsables políticos

Osvaldo Drozd

Ante lo ocurrido en Junín el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Bs. As. Ricardo Casal dijo que “la responsabilidad de la seguridad es del Poder Ejecutivo Provincial, y en este caso de quien encabeza el Ministerio de Justicia y Seguridad” Este cronista se pregunta por qué afirmar lo que es: una extrema obviedad.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en diciembre al encabezar el acto de presentación de un nuevo centro de comando y control del 911 enfatizó que «Cada provincia tiene su responsabilidad, mientras que en la Capital tenemos la responsabilidad compartida. Cada provincia tiene su policía, sus jefes; después se confluye todo en el Consejo Nacional de Seguridad» remarcando que «La seguridad de cada provincia es responsabilidad de cada provincia; si no, que nos pasen a todas las policías y nos hacemos responsables de todo». 

Sin dudas el problema de la seguridad no se resuelve mágicamente, sino a través de diferentes políticas tanto específicas como complementarias, es decir tanto de combate contra el crimen organizado, como de inclusión social, y para esto es necesario contar con las herramientas y las fuerzas que estén dispuestas a realizarlo, dejando de lado viejas formas y tradiciones que lejos de erradicar el problema, lo hacen perdurar. En este sentido el que escribe considera de suma importancia los diez puntos del Acuerdo por una Seguridad Democrática, que fuera realizado por el CELS y firmado en diciembre de 2009 por un gran abanico de legisladores de diferentes extracciones políticas. 

“Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática” se señala en un punto, agregando que “La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura” Otro punto central del acuerdo es terminar con el autogobierno policial enfatizando que “Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías” ya «que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de ‘estados mayores policiales’, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática». 

Un punto destacable es también subrayar que las condiciones infrahumanas a las cuales son sometidos los privados de libertad, lejos de poder reinsertarlos en la sociedad, los convierte en reincidentes. 

Cuando la presidenta creo en diciembre de 2010 el Ministerio de Seguridad, ante los acontecimientos ocurridos en el Parque Indoamericano, nombrando a Nilda Garré al frente del mismo, este Acuerdo por la Seguridad Democrática se convirtió en la guía principal de su accionar. La provincia de Buenos Aires, que es el principal blanco del delito organizado, todavía no se decidió a seguir este ejemplo, es más, cuando Daniel Scioli asumió en 2007 tiró atrás todas las reformas que había desarrollado el ministro León Arslanian, que apuntaban a terminar con el autogobierno de la que hoy es la principal fuerza armada del país: la Bonaerense. 

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