Aprobaron la reforma laboral: una «modernización» con aspectos regresivos

En un trámite acelerado y sin la discusión profunda que una iniciativa de esta trascendencia ameritaba, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que, lejos de plantear una auténtica modernización laboral en favor de los trabajadores, prioriza ventajas para los grandes grupos empresarios y la reducción de derechos laborales. Con el respaldo de bloques aliados y de varios gobernadores —incluidos algunos que aún se identifican como peronistas— la norma fue debatida en la Cámara baja en simultáneo con el paro convocado por la CGT. Unión por la Patria (UP) procuró, sin éxito frente a la negativa del oficialismo, girar el expediente nuevamente a comisión y frustrar la sesión.

Con 135 votos positivos, 115 negativos y ninguna abstención, el oficialismo consiguió otro triunfo en Diputados y le brindó al presidente Javier Milei la posibilidad de exhibir un nuevo avance de su política de ajuste, esta vez orientada sobre derechos laborales, en la próxima apertura de sesiones ordinarias.

La Libertad Avanza (95) obtuvo el acompañamiento de los 22 integrantes del interbloque Fuerza del Cambio —conformado por el PRO, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz—, además de los 9 miembros de Innovación Federal (Salta y Misiones), los 2 diputados de Producción y Trabajo (San Juan), uno de La Neuquinidad y 2 de Independencia (Tucumán), dado que Javier Noguera no participó de la votación. También sumó respaldos de Provincias Unidas, entre ellos Sergio Capozzi (Río Negro), Jorge Rizzotti (Jujuy) y los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez. Los legisladores de Catamarca, que facilitaron el quórum inicial, ya habían anticipado su rechazo en general y así lo manifestaron.

Luego de la supresión del artículo 44 —que introducía cambios en el régimen de licencias médicas— el texto deberá regresar al Senado. Ese apartado, eliminado tras el rechazo social y político, establecía que durante una licencia por enfermedad el salario podría disminuir al 50% o al 75%, según el caso, en contraste con el sistema vigente que garantiza la percepción total del haber mientras dure la afección. La Cámara alta deberá ahora convalidar la versión modificada o insistir con la redacción original.

El capítulo que impulsa la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) logró sostenerse: en la votación en particular reunió 130 votos afirmativos, 117 negativos y 3 abstenciones. De esta manera, el Ejecutivo avanzó con uno de los puntos más debatidos y objetados del proyecto.

El papel de los gobernadores y el quórum

Uno de los momentos decisivos fue la conformación del quórum necesario para iniciar la sesión. Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) indicaron a sus legisladores que ocuparan sus bancas, lo que permitió alcanzar 129 diputados presentes. En igual sentido actuó el mandatario santacruceño Claudio Vidal, quien dispuso que José Garrido diera quórum, a diferencia de lo ocurrido en el tratamiento en el Senado.

El diputado salteño Pablo Outes, alineado con Sáenz, respaldó la Ley de Modernización Laboral y argumentó que la legislación vigente no contemplaba adecuadamente la realidad de las empresas del interior del país. Mientras era increpado por diputados de UP que lo acusaban de “traidor” por facilitar el quórum, afirmó que no es “mileista” y defendió su postura en función de las necesidades provinciales. Sus dichos provocaron una fuerte respuesta del bonaerense Rodolfo Tailhade, quien lo cuestionó por antecedentes judiciales vinculados a un conflicto laboral.

Tensiones y cruces en el recinto

Pasadas las 21.30, Unión por la Patria intentó dar por caída la sesión. Marcelo Mango planteó una moción de orden para que el proyecto retornara a comisión cuando el recinto estaba casi vacío. El presidente de la Cámara, Martín Menem, otorgó la palabra a Silvina Giudici, lo que permitió que legisladores oficialistas regresaran a sus escaños y se recompusiera el quórum. Esta decisión generó que diputados de UP se acercaran al estrado en reclamo por la demora en la votación.

El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, denunció la existencia de distintos “paquetes” ofrecidos por el oficialismo para asegurar quórum y apoyos, y criticó a Menem por reducir la lista de oradores con el objetivo de acelerar el tratamiento. Vanesa Siley calificó de “traidores” a legisladores de Salta, Misiones y Tucumán que habían accedido a sus bancas por listas de UP o Fuerza Patria y ahora acompañaron la reforma. Nicolás Trotta solicitó “reflexión” a los diputados peronistas que respaldaban la iniciativa y cuestionó que no ampliara derechos para trabajadores en situación de precariedad. Teresa García observó a Lisandro Almirón por leer íntegramente el dictamen, práctica que el reglamento no autoriza.

Argumentos contrarios a la iniciativa

Sergio Palazzo sostuvo que, pese a sus 26 títulos y 213 artículos, el proyecto no introduce mejoras para los trabajadores y sí concede beneficios al sector empresario. Señaló modificaciones regresivas en la Ley de Contrato de Trabajo, en la de Convenios Colectivos y en la de Asociaciones Sindicales, además del traslado de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que calificó de improcedente. También aclaró que, aunque la norma original data de hace 50 años, fue reformada en más de 200 oportunidades.

Respecto del FAL, explicó que permitiría cubrir indemnizaciones utilizando recursos que impactarían en el ANSES, reduciendo el desembolso directo del empleador. Máximo Kirchner advirtió que el fondo implicaría “subvencionar despidos” y cuestionó la orientación general de la reforma, vinculándola con exigencias del Fondo Monetario Internacional. Miguel Ángel Pichetto coincidió en que el FAL se financiaría con fondos de jubilados. Horacio Pietragalla expresó su rechazo entregando cadenas a Martín Menem como símbolo de un retroceso en derechos laborales.

Mónica Frade objetó la derogación de incisos de la Ley 24.460 referidos al peculio de personas privadas de libertad, que prevé una retribución por trabajo y la posibilidad de destinar parte de esos ingresos a reparar a víctimas de delitos. Otros legisladores advirtieron que la norma vulnera el principio de progresividad en materia de derechos sociales y contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Teresa García anticipó que la ley será impugnada judicialmente por considerarla inconstitucional e inaplicable.

Principales aspectos de la norma

Entre los puntos más controvertidos figura la reducción de las indemnizaciones por despido, dado que el cálculo se realizaría sobre el salario básico y no sobre la mejor remuneración, excluyendo conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios o propinas. Se establece el Fondo de Asistencia Laboral para solventar indemnizaciones, medida que ya había sido cuestionada por la oposición en el Senado.

La reforma también habilita ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas y crea un banco de horas que permitiría compensar horas extra en lugar de abonarlas. Se imponen límites al derecho de huelga y a la realización de asambleas en horario laboral, y se amplía el listado de servicios considerados esenciales para restringir medidas de fuerza.

Asimismo, se crea un régimen específico para repartidores y trabajadores de plataformas digitales, quienes pasarían a ser encuadrados como “prestadores independientes” y no como empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Se deja sin efecto la Ley de Teletrabajo vigente desde 2021, que equiparaba derechos entre quienes trabajan de manera presencial y remota. También se eliminan estatutos profesionales como el del Periodista, el del Peluquero y el del Viajante de Comercio, y se suprime el fondo que financia al Incaa.

Por último, la reforma altera la prelación de los convenios colectivos al permitir que acuerdos por empresa puedan fijar condiciones inferiores a las establecidas a nivel de actividad, modificando el piso de derechos vigente para cada sector.