Sobre la bendita República y el lobby de las corporaciones

Walter Barboza

“Sobró sectarismo, mientras la República estuvo ausente”, esa es la línea que proponen por estas horas los sectores de la prensa opositora ante los anuncios centrales de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que fueron sintetizados como una propuesta para “democratizar la justicia”. Será sin dudas la batalla política más dura de los próximos meses, porque a pesar de que el proyecto de reforma de la justicia todavía no fue enviado al Congreso de la Nación ya se anticipan fuertes cuestionamientos y resistencias desde los distintos sectores políticos que intentan posicionarse de cara a las elecciones generales de este año.

El concepto de “República ausente”, sostenido con estridencia por el columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, evoca un escenario de carácter “bárbaro” en el que la pluma, el intelecto, la experiencia y el compromiso de los hombres que integran las instituciones fundacionales del país, no se encuentran presentes.

Más parecida a la prosa de un Mitre, en tiempos de la batalla de Pavón, que a la redacción de un diario en tiempos de la modernización democrática, Morales Solá despotrica en ese marco contra el carácter populista del gobierno nacional. Un dato curioso: cuando sus referencias rescatan la idea de “República”, obvian que la Constitución Nacional Argentina desde 1953, subraya en su Declaración de Derechos y Garantías que “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. Incluida la última reforma del año 1994, la Constitución Nacional, que no es un libro sagrado e inmodificable, nunca incluyó en este capítulo una fórmula que hiciera referencia a una forma de gobierno “representativa republicana federal y democrática”.

Este último concepto, sobre el que el gobierno nacional y numerosas organizaciones sociales y políticas del campo popular militan a diario, es el que está fundamentalmente “ausente” en la idea de “República” que sostiene Morales Solá. No sería una cuestión preocupante si no fuera porque desde allí el efecto multiplicador de la mirada “republicana”, solivianta la idea de que la reforma judicial está orientada a acabar con la independencia de la justicia.

La justicia no es una abstracción. Desde que Salvador María del Carril pronunciará su famosa frase: “La ley es…”, con la que le pedía a Juan Lavalle que ultimara a balazos a Manuel Dorrego, la legislación argentina se ha concebido como inmodificable y sujeta a interpretaciones arbitrarias. Los jueces, hombres normales, comunes y corrientes gozan de la inmunidad que el cargo les confiere y a partir de allí se constituyen en una corporación inmutable frente a los procesos políticos.

No es necesario destacar en este artículo, este cronista apela a la memoria de los lectores, la infinidad de cuestionamientos que ha sufrido el sistema en su conjunto y los pocos avances que hubo en la materia. Sin embargo desde la Corte menemista hasta el presente, el proceso político inaugurado por Néstor Kirchner fue, sin dudas, el que más aportes realizó al respecto. Por ello no es curioso que sea el propio gobierno nacional, el que proponga al Congreso la necesidad de romper con la burocracia de la familia judicial.

Y este es tan solo un paso, pues la profundización democrática, y sus efectos sobre la justicia, deberían avanzar también sobre los tribunales ordinarios de las provincias del país. Con recorrer y escuchar las  experiencias personales de quienes por necesidad deben apelar a ella, se encontrarán con historias que conforman un “sin sentido” en la administración de justicia. Desde decisiones que se toman al arbitrio de la letra fría de la ley, sin contemplar casos particulares, necesidades económicas, coyunturas políticas, biografías particulares, hasta casos en los que los acuerdos entre abogados y la connivencia con secretarios y magistrados terminan perjudicando alguna de las partes en litigio. El derecho de familia y los casos por tenencia de hijos, régimen de visitas, cuotas de alimentos son los casos concretos. Padres y madres que quedan al arbitrio de los Tribunales de Familia, en casos en los que los principales perjudicados, por el deterioro moral y económico al cual son sometidos, son los menores de edad.

En tal sentido, es el propio Estado el que ha enviado un proyecto para avanzar hacia una legislación moderna en la que sean contemplados los cambios y transformaciones que sufrió la estructura familiar en los últimos treinta años. Éste es un ejemplo más que viene a confirmar la especie.

Mientras la presidenta, Cristina Fernández, desplegaba el balance de gestión y avanzaba sobre las iniciativas que serán enviadas al Congreso, el periodista Pepe Eliaschev escribía en su cuenta de Twitter sobre el “abominable show presidencial”, el “resumen de lo peor” y la “ciudad paralizada”. Una síntesis del rencor, el odio y el desprecio con el que el sector de la sociedad a la cual representa, vivencia la posibilidad de que el conjunto de la población pueda avanzar un paso más allá en las transformaciones sociales.