Pasa en EE.UU. El Estado policial es real

Paul Craig Roberts
CounterPunch

La reacción del régimen de Bush al 11-S y la ratificación del régimen de Obama de esa reacción han destruido el gobierno democrático responsable de EE.UU. Se ha concentrado tanto poder irresponsable en el poder ejecutivo que la Constitución de EE.UU. ha dejado de ser un documento aplicable.

Créase o no la historia oficial del 11-S, el resultado es el mismo: el 11-S se utilizó para crear un “guerra contra el terror” sin fin y un Estado policial. Es extraordinario que tantos estadounidenses crean que “no puede suceder aquí”, cuando ya ha sucedido.

Hemos vivido una década de evidencia indiscutible de la construcción de un Estado policial:

La Ley PATRIOTA, el espionaje ilegal de los estadounidenses en violación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior, la iniciación de guerras de agresión –crímenes de guerra según el Estándar de Núremberg– basadas en mentiras intencionales, los memorandos legales urdidos por el Departamento de Justicia justificando la violación de leyes interiores e internacionales contra la tortura por el poder ejecutivo, la detención indefinida de ciudadanos estadounidenses en violación de los derechos constitucionalmente protegidos de habeas corpus y de debido proceso, el uso contra acusados en procesos de evidencia secreta y de “testigos expertos” secretos a quienes no se puede «contrainterrogar», la creación de tribunales militares a fin de evadir los tribunales federales, memorandos legales secretos que dan autoridad al presidente para lanzar ciberataques preventivos contra cualquier país sin demostrar que dicho país constituye una amenaza, y el asesinato por parte del régimen de Obama de ciudadanos estadounidenses sin evidencia o debido proceso.

Como si esto no fuera suficiente, el régimen de Obama crea ahora nuevos poderes presidenciales al elaborar leyes secretas, negándose a revelar el razonamiento legal en el cual se basa el poder que se hace valer. En otras palabras, ahora se originan leyes en memorandos secretos del poder ejecutivo y no en leyes del Congreso. ¿Congreso? No necesitamos un maldito Congreso.

A pesar de las leyes que protegen a los denunciantes y a los medios y del Código Militar de EE.UU. que exige que los soldados informen de los crímenes de guerra, algunos denunciantes como el agente de la CIA John Kiriakou, responsables de medios como Julian Assange y soldados como Bradley Manning son perseguidos y procesados por revelar crímenes del gobierno de EE.UU. Los criminales quedan libres y se castiga a los que informan de los crímenes.

La justificación del Estado policial estadounidense es la “guerra contra el terror”, una patraña que se mantiene vigente mediante “operaciones encubiertas” del FBI. Hablando normalmente, una operación encubierta es cuando una mujer policía se presenta como prostituta con el fin de comprometer a un “cliente”, o un cliente se presenta como narcotraficante o consumidor para comprometer a los adictos o traficantes. La “operación encubierta” del FBI va más allá de esos crímenes sin víctimas que abarrotan las prisiones de EE.UU.

Las operaciones encubiertas del FBI son diferentes. Tampoco hay víctimas ya que nunca tiene lugar una conspiración, pero los agentes del FBI no se presentan como fabricantes de bombas para terroristas que tienen un complot pero carecen de armas. En su lugar, el FBI tiene la conspiración y busca una persona o grupo desafortunado o demente o a un musulmán enfurecido por el último insulto de Washington contra él o su religión. Cuando el FBI ubica su víctima, sus agentes se acercan a la persona seleccionada simulando que son de al Qaida o algo parecido y tientan al perpetrador seleccionado con dinero, la promesa de fama, o con amenazas, hasta que la víctima apoya el complot del FBI y es arrestado.

Trevor Aaronson en su libro, The Terror Factory: Inside the FBI’s War on Terrorism [La fábrica del terror: Dentro de la Guerra contra el Terrorismo del FBI], documenta que el FBI ha urdido hasta ahora 150 “conspiraciones terroristas” y que casi todos los demás “casos de terroristas” no están relacionados con el terrorismo, como la inmigración, a la que se ha colgado una acusación de terrorismo. Los ‘prenstitutos’ de los medios estadounidenses no preguntan por qué, si hay tanto terrorismo real que se necesita una guerra estadounidense contra él, el FBI tiene que inventar y gestionar complots terroristas.

Los medios tampoco preguntan cómo los talibanes, que resisten la invasión estadounidense y el intento de ocupación de Afganistán, combatiendo a la superpotencia EE.UU. hasta llegar a un punto muerto después de 11 años, llegaron a ser designados terroristas. Los medios ‘prenstitutos’ de EE.UU. tampoco quieren saber cómo los miembros de las tribus en regiones remotas de Pakistán llegan a ser designados “terroristas” merecedores de ataques de aviones teledirigidos [drones] contra ciudadanos, escuelas y clínicas de un país con el que EE.UU. no está en guerra.

En su lugar los medios protegen y perpetran el engaño que ha llevado al Estado policial en EE.UU. Los medios estadounidenses se han convertido en Leni Riefenstahl, como Hollywood con la película de propaganda antimusulmana Zero Dark Thirty. Esta cinta de propaganda es un crimen de odio que propaga la islamofobia. A pesar de todo, es probable que obtenga premios y que hunda a los estadounidenses en la tiranía y en una guerra centenaria en nombre de la lucha contra la amenaza musulmana.

Lo que aprendí hace muchos años como profesor es que las películas son importantes moldeadoras de actitudes estadounidenses. Una vez, después de una explicación exhaustiva de la Revolución Rusa que llevó al régimen comunista, un estudiante alzó su mano y dijo: “Eso no pasa en la película”.

Primero pensé que estaba haciendo un chiste divertido, pero luego me di cuenta de que pensaba que la verdad residía en la película, no en el profesor que conocía bien el tema. Desde entonces me he preguntado cómo ha podido sobrevivir tanto tiempo EE.UU. considerando la ignorancia de su población. Los estadounidenses han vivido del poder de la economía de EE.UU. Ahora, cuando ese poder se desvanece, los estadounidenses tendrán que enfrentar la realidad.

Una realidad que les resultará poco familiar.

Algunos estadounidenses afirman que hemos tenido Estados policiales en otros tiempos de guerra y que una vez que se gane la guerra contra el terror se desmantelará el Estado policial. Otros afirman que el gobierno será juicioso en su uso del poder y que el que no haga nada malo no tendrá nada que temer.

Son consuelos de los embaucados. El Estado policial Bush/Obama es mucho más exhaustivo que el de Lincoln, Wilson o Roosevelt, y la guerra contra el terror no tiene fin y ya dura tres veces más que la Segunda Guerra Mundial. El Estado Policial está adquiriendo “derechos de ocupantes ilegales”.

Además, el gobierno necesita el Estado policial para protegerse de la obligación de rendir cuentas por sus crímenes, mentiras y derroche de dineros públicos. Se han creado nuevos precedentes de poder ejecutivo en conjunción con la Sociedad Federalista que, independientemente de la guerra contra el terror, propugna la teoría del “ejecutivo unitario”, que afirma que el presidente tiene poderes que no están sometidos al control del Congreso y el Aparato Judicial. En otras palabras el presidente, si lo desea, puede ser un dictador.

El régimen de Obama se está aprovechando de esta teoría republicana. El régimen ha utilizado el deseo republicano de un ejecutivo fuerte, sin limitaciones ni controles, junto al factor miedo para completar la creación del Estado policial de Bush/Cheney.

Como Lawrence M. Stratton y yo documentamos en nuestro libro The Tyranny Of Good Intentions, antes del 11-S la ley como protección del pueblo ya iba perdiendo terreno a favor de la ley como arma en manos del gobierno. Si el gobierno quería atraparte había pocas barreras, si es que había alguna, para que un acusado fuera incriminado y condenado por un jurado de cerebros lavados temerosos del crimen.

No puedo decir si el sistema de justicia de EE.UU. ha servido alguna vez mejor la justicia que a la ambición de los fiscales. Ya en los años treinta y cuarenta el Juez de la Corte Suprema de EE.UU. George Sutherland y el Fiscal General Robert Jackson alertaron contra los fiscales que sacrifican “el trato justo para aumentar sus estadísticas de éxito”. Ciertamente cuesta encontrar en las filas de los fiscales federales de la actualidad al fiscal de Jackson “quien atempera su celo con gentileza humana, busca la verdad y no víctimas, sirve la ley y no propósitos faccionarios y encara su tarea con humildad”.

Basta con considerar la condena injusta del gobernador demócrata de Alabama, Don Siegelman, por lo que fue aparentemente un complot de Karl Rove para librar al Sur de gobernadores demócratas. El régimen “demócrata” de Obama no ha investigado este falso enjuiciamiento ni ha mostrado clemencia hacia su propio inocente. ¿Recordáis la rapidez con la que Bush eliminó la condena a prisión del operador de Cheney que reveló el nombre de una agente encubierta de la CIA? Los demócratas son un partido político atemorizado y cobarde que teme la justicia y forma parte del corrupto Estado policial tanto como los republicanos.

Actualmente el propósito de un procesamiento es servir la carrera del fiscal y la del partido que lo nombra. La carrera de un fiscal depende de las altas tasas de condenas que requieren acuerdos con el fiscal y en las que la evidencia contra un acusado nunca se demuestra ante el tribunal o ante el jurado, y por casos de alto perfil, que pueden lanzar a un fiscal a una carrera política, como lo consigúió Rudy Giuliani con su trampa para incriminar a Michael Milken.

Glenn Greenwald explicó cómo el defensor de la libertad en Internet Aaaron Swartz fue llevado a la muerte por la ambición de dos fiscales federales, la procuradora Carmen Ortiz y el procurador adjunto Stephen Heymann, quienes no sintieron remordimientos al destruir a una persona inocente con acusaciones ridículas e inventadas a fin de progresar en sus carreras.

Es raro que un fiscal sufra alguna consecuencia por presentar acusaciones falsas, por usar conscientemente evidencias falsas, o incluso pagarlas, y por mentir ante el juez y el jurado.

Como pocas veces son responsabilizados, los fiscales emplean métodos ilegales y poco éticos y abusan rutinariamente de su poder. Como los jueces están esencialmente preocupados de despejar sus legajos judiciales, pocas veces se vela por que se haga justicia, lo que explica por qué EE.UU. no solo tiene un mayor porcentaje de ciudadanos en la cárcel que cualquier otro país del mundo, sino también la mayor cantidad absoluta de prisioneros. EE.UU. tiene realmente más ciudadanos en la prisión que la “autoritaria” China que tiene una población cuatro veces mayor. EE.UU., posiblemente el mayor abusador de los derechos humanos de la historia, presenta constantemente acusaciones de violaciones de los derechos humanos contra China. ¿Cuáles son las acusaciones de derechos humanos contra Washington?

En EE.UU. el colapso del derecho ha ido más allá de fiscales corruptos y sus falsas acusaciones. A menos que necesite o desee un juicio exhibicionista, un Estado policial no necesita fiscales y tribunales. Al producir memorandos legales que digan que el presidente puede arrojar a las personas a prisión sin proceso y ejecutarlas sin proceso simplemente mediante la declaración de que algún funcionario en el poder ejecutivo piensa que la persona tiene una posible o potencial conexión con el terrorismo, los amigos de la tiranía del Departamento de Justicia (sic) han dejado de lado la necesidad de tribunales, fiscales y procesos. El régimen de Bush/Obama ha convertido el poder ejecutivo en juez, jurado y verdugo. Todo lo que se necesita es una afirmación sin pruebas de algún funcionario del poder ejecutivo. Es el mal personificado.

Ya no hace falta una evidencia para que el presidente de EE.UU. encarcele de por vida a las personas o las prive de su vida. Un memorando secreto del Departamento de Justicia se ha filtrado a NBC News que revela el razonamiento tiránico que autoriza al poder ejecutivo a ejecutar ciudadanos estadounidenses solo sobre la base de la creencia sin que se requiera evidencia de que son terroristas o están asociados con terroristas.

En el EE.UU de la “libertad y la democracia”, el principio legal operativo ya no es que alguien es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Si el gobierno dice que eres culpable, lo eres. Punto. No se requiere evidencia para liquidarte. Incluso Stalin pretendía tener evidencias.

El gobierno de EE.UU. trabaja paso a paso hacia la determinación de que todos y cada uno de los críticos del gobierno son culpables de suministrar “ayuda y alivio” a “enemigos terroristas” de Washington, lo que incluye al gobierno democrático de Hamás en Gaza. Los únicos críticos eximidos de esta regla que se prepara son los neoconservadores que critican al gobierno de EE.UU. por ser demasiado lento en la represión de sus críticos y “antisemitas” como el ex Presidente Jimmy Carter, que critica la apropiación ilegal de tierras palestinas por parte del gobierno israelí. La mayor parte de Palestina ha sido robada por Israel con la aquiescencia y la ayuda de Washington. Por eso ya no queda nada para una “solución de dos Estados”.

No cabe duda alguna de que el robo de Palestina por parte del gobierno israelí es ilegal; sin embargo, Washington, del que Israel depende totalmente, no hace nada respecto al derecho. Derecho, no necesitamos ningún maldito derecho. Washington tiene poder. Poder es derecho. Acostumbraos a esta realidad.

El derecho no solo ha dejado de existir para los palestinos, sino también para los estadounidenses y para las marionetas de EE.UU. de la OTAN el Reino Unido y Europa, residuos lamentables de naciones otrora grandes que ahora son cómplices de los crímenes de Washington contra la humanidad. La Open Society Justice Initiative, una ONG basada en Nueva York, ha publicado un informe que documenta que 54 gobiernos están involucrados en el programa de Washington de entregas extraordinarias y tortura. Veinticinco de los gobiernos que ayudan a Washington a secuestrar, desaparecer y torturar a personas son europeos.

La primera década del Siglo XXI ha presenciado la destrucción de toda la jurisprudencia que se concibió para proteger a los inocentes y vulnerables desde la aparición de la ahora difunta conciencia moral de Occidente. La conciencia moral de Occidente que nunca se aplicó en el exterior. Lo que pasó a la gente en las colonias de Europa y a los habitantes nativos de EE.UU. y Australia es una historia muy diferente.

A pesar de todo, a pesar de su falta de protección de los impotentes, el principio del vigor de la ley fue un principio prometedor. Ahora EE.UU. bajo Bush y Obama, que se parecen como dos gotas de agua, ha abandonado el principio per se.

El Estado policial de Obama será peor que el Estado policial de Bush/Cheney. A diferencia de los conservadores, quienes a veces sospechaban del poder del gobierno, los robots de Obama creen que el poder del gobierno es una fuerza del bien si está en las manos adecuadas. Dado que los partidarios de Obama lo ven como miembro de una minoría oprimida, confían en que Obama no abusará de su poder. Eso es parecido a pensar que como los judíos sufrieron tanto a manos de Hitler Israel será justo con los palestinos.

Glenn Greenwald escribe que “el poder más extremista que algún líder político puede ejercer es el poder de hacer que ejecuten a sus propios ciudadanos sin ninguna acusación o debido proceso, lejos de cualquier campo de batalla. El gobierno de Obama no solo ha ejercido exactamente ese poder en teoría, también lo ha ejercido en la práctica”.

Es el poder de un dictador. Que se haya dicho que Sadam Hussein y Muamar Gadafi tenían ese poder formaba parte de su satanización como “brutales dictadores”, una justificación para derrocar sus gobiernos y asesinar a los dictadores y a sus partidarios.

Irónico, ¿verdad?, que el presidente de EE.UU. asesine ahora a sus oponentes políticos lo mismo que como Sadam Hussein asesinaba a los suyos. ¿Cuánto falta para que los críticos pasen de la lista de exclusión aérea a la de exterminio?

Paul Craig Roberts fue editor de The Wall Street Journal y secretario asistente del Secretario del Tesoro estadounidense. Es autor de HOW THE ECONOMY WAS LOST, publicado por CounterPunch/AK Press. Su último libro es Economies in Collapse: The Failure of Globalism, publicado en Europa en junio de 2012.

Fuente: http://www.counterpunch.org/2013/02/08/the-police-state-is-real/