La CTA presentó un preocupante informe provincial sobre la violencia de género

La Central de los Trabajadores de la Argentina provincia de Buenos Aires denunció la inexistencia de políticas publicas para proteger, atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La denuncia fue efectuada por la conducción de la CTA bonaerense integrada por Roberto Baradel, secretario General; los Adjuntos Daniel Pérez Guillén y Fabian Alesandrini y Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA Nación.

En efecto,Díaz, indicó que “si bien existe una legislación que alerta sobre la violencia de género aún no vemos políticas públicas activas emanadas del Estado provincial que protejan y cobijen a las mujeres víctimas de violencia”. Y agregó que “el Estado bonaerense no cuenta con campañas de prevención y las escasas respuestas para abordar la problemática, no se encuentran articuladas”.

Según el informe, la violencia contra las mujeres atraviesa todos los sectores sociales, desde denuncias de mujeres de sectores mas populares hasta casos de mucha gravedad en las capas medias y altas.

Por otra parte, Díaz señaló que “la violencia se asienta en la histórica relación asimétrica de género, en la cultura machista que aun perdura, y en esa idea del poder sobre el otro o la otra hasta el punto de aniquilarla”.

“Esta problemática -aseveró Díaz- requiere de cambios culturales y educativos pero también de cambios de asistencia y atención de los organismos del Estado que deberían destinar más presupuesto para atacar con fortaleza la violencia contra las mujeres”.

Además, la dirigente indicó que “debe cambiarse el organismo de aplicación que durante muchos años fue el Ministerio de Desarrollo Social y hoy no da respuesta a la problemática. Por ello hay que darle una mirada mucho más integral para la atención”.

La mesa de la CTA contra la violencia de género la integran los sindicato de ATE, SUTEBA, AJB, las organizaciones sociales y las diputadas provinciales Alicia Sánchez,Natalia Gradaschi y el equipo de la Red de Monitoreo de Políticas Públicas y el Instituto de Cultura Jurídica de la UNLP. Con un rol de articuladores, se encuentran la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Observatorio Social de la Legislatura.

Por otra parte, Roberto Baradel, aseveró que “vemos con dolor y preocupación un aumento significativo de la violencia contra las mujeres en la provincia y notamos una carencia importante de políticas públicas para atacar este flagelo”.

“Creemos que el Estado -señaló el dirigente bonaerense- debe estar a la altura de las circunstancia y dar una respuesta multiministerial en donde haya una batería de políticas desde las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Derechos Humanos, Seguridad y Justicia para ampliar los derechos y trabajar el tema en todos los ámbitos para que las mujeres sepan que nadie tiene el derecho a ejercer violencia sobre ellas”.

El documento aprobado

La conducción de la CTA señalo que debería implementarse un Sistema Integrado Provincial a través de la Mesa Intersectorial de la provincia de Buenos Aires, adecuar el procedimiento judicial de la ley 12.569 a lo establecido en la ley nacional 26485 (en trámite ante Cámara de Senadores proyecto de ley D-3860/10-11 con media sanción de diputados), anular la mediación como forma de intervención en los casos de violencia familiar, acorde con la ley 12569, ley nacional 26485 y tratados internacionales ratificados por nuestro país (en trámite ante Cámara de Diputados: proyecto de ley D-2294/11-12).

Además, fortalecer la articulación de acciones entre los organismos del Poder Ejecutivo y de éstos con el Poder Judicial, con instancias de consulta y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Sin dejar de tomar decisiones urgentes y respuestas actuales de atención y prevención de la violencia, su función debe estar orientada a implementar el programa provincial de asistencia integral a las víctimas de violencia de género, tal como lo dispone el decreto reglamentario 2875/05 de la ley 12569.

Y garantizar un abordaje local de esta problemática, lo que supone coordinar en cada municipio espacios especializados de atención de la violencia. Esto podrá concretarse a partir de acuerdos y articulaciones entre el gobierno provincial y municipal, tal como lo establece la reglamentación antes mencionada.

Por último, otorgar prioridad en la asistencia directa a las mujeres, niñas y niños a su cargo, en emergencia por violencia de género (alimentos, pañales, atención médica, servicios educativos, alojamiento o vivienda,), coordinando con la Secretaría de Niñez.