Walter Barboza
Una recorrida por la Ruta Provincial Nº 6, desde la autopista del oeste hasta la localidad bonaerense de Cañuelas, permite ver con certeza el estado deplorable de un camino que el gobierno de Daniel Scioli, prometió, iba a convertirse en una vía para el desarrollo industrial y portuario, desde Zárate hasta Berisso.
Se trata de un tramo de 60 kilómetros de un pavimento que, en algunas zonas, se vuelve intransitable y peligroso. El tema no debería preocupar, si no fuera porque por allí circulan camiones, colectivos y vehículos particulares que van desde los municipios de esa región hacia la ciudad de La Plata o al interior del oeste bonaerense.
La ruta, que debería mantener el gobierno provincial, permite unir a las ciudades de Luján, General Rodríguez, General Las Heras, Marcos Paz, Cañuelas y San Vicente, con la capital provincial.
Por allí, además de los camiones que se dirigen por la Ruta Nacional Nº 3 al sur del país, transitan colectivos que permiten conectar al municipio de Morón con pueblos olvidados como Plomer o Villars.
La recuperación de este camino, muchas veces anticipado por el Gobierno Provincial, comenzó a avanzar este año con el llamado a licitación y la apertura de los sobres de las empresas oferentes. El acto de la apertura del segundo sobre se llevó a cabo a mediados de octubre de este año y como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no cuenta con dinero en efectivo para el financiamiento del proyecto, ofreció a los empresarios interesados en participar del proceso con la posibilidad de cobrar el trabajo en bonos.
La apertura del primer sobre la había realizado el propio gobernador Daniel Scioli el 25 de septiembre de este año, en un acto en el que las empresas interesadas presentaron la documentación requerida por la normativa vigente para acreditar la experiencia, e idoneidad técnica y financiera, para la construcción de los 5 subtramos que conforman la obra denominada “Rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 6”. Los oferentes fueron ocho, de los cuales se presentaron seis UTE (Unión Temporal de Empresas) y dos lo hicieron en forma individual.
Scioli acordó con las cámaras empresariales, cancelar la deuda por la reconstrucción del camino con bonos de la provincia. Ante los signos evidentes de la falta de liquidez en la administración bonaerense, el ofrecimiento fue aceptado sin mayores cuestionamientos por los constructores y sólo resta el tramo final del proceso para saber cuál de las empresas será la responsable de ejecutar la obra.
Hasta aquí se han cumplimentado todos los pasos administrativos y la gestión del gobernador ha dado señales de buena voluntad para mejorar las condiciones de una ruta que, los intendentes de los distritos provinciales afectados por la obra, consideran estratégica para el desarrollo industrial y portuario.
Sin embargo, y a decir por lo visible y lo tangible, camioneros, colectivos de líneas interurbanas y vehículos particulares han quedado a la buena de Dios, pues en la medida en que los días pasan y el camino es cada vez más utilizado, la ruta ha quedado virtualmente intransitable.
Es que en el “mientras tanto”, la provincia no ha invertido ni un sólo peso en mejorar el estado de la ruta. La falta de señalizaciones, que adviertan sobre el deterioro del camino, pueden resultar peligrosas par la vida de conductores y pasajeros. La carencia de banquinas que permitan el estacionamiento de los vehículos ante una emergencia son notables. La ausencia de señalizaciones que anticipen la presencia de curvas, o el límite del fin del pavimento, es uno de sus rasgos más comunes. Del mismo modo en que la pericia de los viejos camioneros que conocen esa vía, son las que muchas veces evitan accidentes fatales entre los conductores novatos (señas lumínicas, frenadas con mucha antelación, entre otras). En ese cuadro, si la desgracias no pasan con mayor frecuencia es por un milagro del destino o bien porque quien está advertido sobre la peligrosidad de la ruta nunca se animaría a viajar de noche.
Una apostilla aparte: sólo de vez en cuando se ve algún operativo policial para controlar cargamentos y condiciones de seguridad de los vehículos. Qué paradójico, porque el Gobierno Provincial a través de la policía bonaerense puede retener documentación personal en caso de que el conductor no cumpla con los requisitos mínimos de seguridad de su automóvil. Pero en qué medida puede el gobierno provincial obrar de este modo, si es el propio gobierno el que no genera esas condiciones de seguridad que reclama a los conductores. La falta de autoridad moral, en ese sentido, se contradice con la “sintonía fina” a la cual aspira el gobierno nacional. El pago de las patentes del impuesto automotor, que reclama diariamente ARBA a los contribuyentes, debería tener una devolución directa en obras que permitan evitar accidentes fatales. Ello nos vuelve a plantear un interrogante obviado por la gestión provincial: ¿De qué hablamos cuándo hablamos de inseguridad?