La abogada de Vialidad y asesora de obras públicas de Nación, Julieta Ripoli, consideró que la Vicepresidenta es “perseguida por todo un aparato estatal”.
En contacto con Radio Provincia la letrada se refirió a la acusación del fiscal Diego Luciani y recordó que en su momento “los técnicos de Vialidad declararon” en la causa “y aseguraron que no hubo sobreprecios”.
Explicó que “cuando asumió el macrismo en 2016 coparon el organismo de Vialidad con empresarios privados, con el objetivo de perseguir a los militantes y funcionarios kirchneristas”. Seguido, agregó que el ex director de Vialidad Javier Iguacel “solo encargó una auditoría de las obras de Santa Cruz para vincular a Cristina. La defensa pidió la auditoría de todas las obras de los 12 años de gestión y no se lo concedieron. Ahí se nota la animosidad en la persecución a la vicepresidenta, que hoy está siendo perseguida por todo un aparato estatal”.
Además puntualizó que “se está persiguiendo a la principal dirigente política. Es lo mismo que está sucediendo con los líderes en América del Sur, perseguidos judicialmente. Eso es lawfare, una guerra para ensuciar y proscribirla”.
Al ser consultada por la adjudicación de una obra y si es posible la participación de Cristina señaló que “el Ejecutivo y la Presidenta en ese momento, no tiene injerencia ni tiene competencia, hay muchas instancias administrativas en Vialidad”.
23/08/2022