El gremio judicial realizó una presentación a la Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, en la que se requirió «la urgente reapertura de la negociación salarial a fin de acordar una revisión del acuerdo arribado en el mes de abril que garantice una recomposición real del salario de las y los trabajadores judiciales para el año en curso».
El pedido fue fundamentado en la cláusula de reapertura anticipada de las negociaciones prevista en el acuerdo salarial, «que se dispararía en caso que la evolución de los indicadores de inflación que le sirvieron de base se aparten de las proyecciones tenidas en cuenta en aquel momento», aseguró el gremio en un comunicado de prensa.
Según informaron los dirigentes de la AJB, el acuerdo «contempla un incremento del 34% para los primeros nueve meses del año, en un esquema de tres cuotas: 14% al 1 de marzo, 9% al 1 de julio y 11% al 1 de septiembre, con reapertura en el mes de noviembre».
En la presentación, el sindicato denunció «la brecha generada entre el incremento del 14% y una inflación acumulada a mayo que ha alcanzado el 21,5%, la que no podrá ser solucionada con el incremento previsto para el mes de julio ya que incluso en un escenario muy optimista la inflación acumulada superará el ampliamente el 23% pactado para ese mes».
“Desde el inicio de las negociaciones, el objetivo planteado por nuestro sindicato para este año fue recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario. En otras palabras, que los aumentos de los haberes tenían que ir por encima de la inflación. Ese también fue el compromiso del gobierno plasmado en las actas del acuerdo, por lo que el reclamo de reapertura de la paritaria no hace más que exigir su cumplimiento”, señaló Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
Por último, en la presentación la AJB reiteró «la necesidad de retomar las instancias de diálogo con la Suprema Corte respecto de las recategorizaciones, ya que pese a que se han producido avances aún no se han efectivizado las del ámbito del Ministerio Público ni se ha convocado la mesa de trabajo para fijar un régimen permanente de recategorización automática para las categorías más bajas del escalafón que permita mejorar el exiguo piso salarial del Poder Judicial bonaerense».