10 años de la masacre de Avellaneda

La masacre de Avellaneda producida el 26 de junio de 2002, no fue un hecho aislado ni accidental, fue premeditado, y es por esto que necesita esclarecimiento. Los culpables y responsables políticos de ella debieran ser condenados por la Justicia argentina de manera ejemplificadora para que este tipo de cosas no sucedan nunca más.

Desde hacía 6 meses, tras las jornadas de diciembre de 2001, la Argentina era un hervidero social, donde diferentes actores protagonizaban una lucha encarnecida, y la crisis de representatividad política seguía abierta. El poder decidió que había que recurrir a la violencia, y la policía bonaerense asesinó sin miramientos a los militantes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kostecky, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) “Aníbal Verón”, y dejando a su vez centenares de heridos.

El por entonces presidente interino Eduardo Duhalde, utilizó el hecho para adelantar las elecciones, y comenzar su salida.

A 10 años, los responsables e ideólogos de la masacre aún siguen impunes, mientras que los ex policías Alfredo Franchiotti y Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua, por haber sido los responsables materiales de los asesinatos. Lo paradójico es que desde el pasado jueves 14 de junio, el ex comisario Franchiotti goza de un régimen carcelario abierto y de reinserción social, destinado a presos que estén cumpliendo la última etapa de su condena y que hayan demostrado buena conducta. El beneficio fue otorgado por el Tribunal Nº 7 de Lomas de Zamora. A la vez, el juez Ariel Lijo archivó la causa que investiga las responsabilidades políticas de los funcionarios del gobierno de aquella época.