Por Yanina Lofvall
La destilería de YPF ubicada entre las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada siempre ha sido motivo de controversias. Si bien ha sido una de las compañías más importantes para el desarrollo económico del país y la región, generaciones de familias crecieron y se desarrollaron al calor de su cobijo, desde que fuera privatizada la empresa desarrolló una política comunicacional de hermetismo en torno a los peligros que acarrea desde el punto de vista ambiental. Con su recuperación, ese esquema comunicacional no se ha modificado demasiado, con lo que cualquier incidente nunca es comunicado con claridad y poco se sabe sobre las situaciones de peligro que allí se producen. Un ejemplo fue el incendio desatado el día 2 de abril de este año. Yanina Lofvall nos presenta un trabajo que da cuenta de los límites y los alcances de esa política comunicacional que todavía pervive en la empresa y del papel jugado por OPDS (Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible).
El pasado 2 de abril dos sucesos marcaron la vida de los platenses con miedo y muerte, la inundación sin precedentes y el incendio de la planta destilería YPF Ensenada. ¿Cuáles son las consecuencias del incendio- inundación de esta planta? ¿Cómo se informó a la población sobre el suceso y sus consecuencias? ¿Quiénes son los responsables de la comunicación en situaciones de riesgo como esta? ¿Qué acciones realizaron? A siete meses del suceso ¿qué información pública manejamos sobre el suceso y el tratamiento de las consecuencias para disminuir el impacto ambiental y en la salud de los ciudadanos?
La empresa se limitó a informar “que el siniestro afectó a la unidad de Coke A- y también a la unidad de destilación Topping C, vecina a la anterior- se produjo por la acumulación extraordinaria de agua de lluvia que provocó que el hidrocarburo sobrenadante llegase a la altura del horno, tomando contacto con puntos de altas temperaturas que iniciaron las llamas” Es interesante destacar que se evidencia el derrame en esta declaración aunque luego tanto la empresa como el Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible de la provincia lo desestimaron.
El 9 de abril Greenpeace Argentina publicó un informe en el que solicitaba detalles del “monitoreo” que el OPDS decía haber llevado a cabo luego del siniestro. Esta presentación describe por testimonios directos la gravedad del derrame, “todo colapsó –con el ingreso extraordinario de agua y los desagües industriales se juntaron con los pluviales. Los piletones rebalsaron y se fundieron en un líquido que llegó a tener más de un metro de profundidad, el agua circulaba abajo y los combustibles arriba. El líquido se dispersó por la planta sin control”
¿Qué era ese líquido? ¿Qué consecuencias tiene? Según nos informó un ingeniero, ex empleado de YPF , lo que hay por debajo, en el subsuelo, son desagües industriales, “se recolecta todo lo que puede haber, las purgas de los tanques, las purgas de los equipos, los derrames que pudo haber con el objetivo de llevarlo a una pileta de recuperación donde por ejemplo el sobrenadante, porque los hidrocarburos sobrenadan, se separan y se vuelven a procesar”
¿Qué pasa con el producto que hay dentro de los drenajes industriales? “Flota sobre el agua –explica el ingeniero- porque los hidrocarburos son menos densos. Todo ese producto sobrenadante de esos hidrocarburos puede haber algo que sea por ejemplo benceno que es cancerígeno, pero el benceno no es cancerígeno porque te cae una gota y te agarra cáncer, es cancerígeno cuando hay una exposición prolongada y cuando se superan ciertos niveles de toxicidad a través del cual el organismo ya no puede eliminar metabólicamente el tóxico. Es decir, se mide en partes por millón”.
Por lo tanto es necesario saber qué compuestos y qué cantidades se liberaron en el incendio-inundación de la planta para poder determinar que posibles consecuencias puede traer al medio ambiente y a la población.
A pesar de la gravedad del hecho, en ningún momento los vecinos recibieron información por parte de la empresa y las autoridades de control (Organismo responsable: OPDS según la Ley Provincial 11.723 de medio ambiente -1995- y la Ley Provincial 11.459 de Radicación Industrial-2011). Cuando se hace referencia a “no recibir información” hablamos de información pertinente ante la emergencia, esto es, qué sucedía, cuáles eran los riesgos y como proceder ante los mismos para poder mitigar los efectos.
La destilería se limitó a informar un paradigmático comunicado en su página oficial, el día 4 de abril, “el incidente no produjo emisiones contaminantes, por lo que no fue necesario activar un nivel de protección del entorno más allá de los límites de la Refinería. Todo el personal que trabajó en la contención del incendio respetó el Protocolo de Seguridad que evita la potencial afectación de las personas expuestas al siniestro”.
El titular del OPDS, Hugo Bilbao descartó que haya habido «derrames» y remarcó que lo que entró a las casas y ennegreció las paredes «no fue petróleo» sino «una especie de ceniza» que quedó «suspendida en el aire y viajó con el agua a distintos puntos de la ciudad», producto del incendio de la Destilería.
Estas declaraciones las realizó en el Senado el día 30 de mayo cuando fue citado para dar explicaciones de las intervenciones de su organismo ante el suceso de YPF, enfatizó también que “la destilería de YPF es monitoreada permanentemente y nunca hubo riesgo ambiental” (Es pertinente aclarar que Bilbao, es el mismo que afirmó a Diagonales meses atrás que el CEAMSE de Punta Lara está lejos de colapsar, que quería “llevar esa tranquilidad a los vecinos”, cuando hay una orden desde el 2007 de la Corte Suprema de cerrarlo por estar colapsado, y las napas contaminadas por encima de los niveles esperables)
El funcionario provincial explicó en el Senado de la Provincia que “la auditoría ambiental en referencia a la refinería se encuentra vinculada a las emisiones gaseosas y difusas, los efluentes líquidos, los residuos sólidos y semi-sólidos, el ruido y el olor”. Aseguró que después de un “monitoreo” determinaron que no hay riesgo ambiental “que los compuestos encontrados estaban dentro de los límites de la legislación vigente”. Aunque no presentó documentos que acrediten sus dichos y los “monitoreos realizados”
Por otra parte en la propia página del OPDS se afirma que Bilbao destacó que “un equipo de profesionales asistió a la zona efectuando un relevamiento general en toda el área de influencia, en particular sobre el Canal Oeste donde pudo observarse la presencia de hidrocarburos, tanto en la vegetación de las márgenes como en el terraplén, razón por la cual se procedió a intimar a la empresa a que promueva el saneamiento y la limpieza de los sectores afectados, trabajo que prácticamente ha terminado”, por lo tanto, hubo derrame.
A casi ocho meses del suceso consultamos al OPDS para poder acceder a los estudios realizados -ya que es información que debería ser de acceso público, y debería estar disponible en la página del organismo- se nos respondió por vía electrónica con la firma del Ing. Federico Jarsun, Director Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental donde se nos explica que “un estudio de Impacto Ambiental es una herramienta de evaluación predictiva, que no aplica para este tipo de casos. En relación al incendio del día 2 de abril, el Laboratorio del OPDS realizó monitoreos en el área de influencia del establecimiento, tanto en calidad de aire, como en agua superficial y suelo (estos últimos sobre el Canal Oeste)”
Según Jarsun de los resultados obtenidos surge que en calidad de aire ningún parámetro superó los niveles guía de referencia. “En cuanto a agua y suelo, se determinó que la firma debía ejecutar tareas de saneamiento del Canal Oeste, debido al hidrocarburo derramado. Además, la firma hizo efectiva la presentación de la auditoría mencionada, en la que se detallaban las causas y consecuencias del evento y las acciones de saneamiento ejecutadas. El seguimiento de estas tareas se realizó a través de monitoreos posteriores realizados por el Laboratorio de OPDS”
Vale destacar que según la resolución 785/2005 sobre el Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados si hay obligación del Organismo de hacer efectiva una auditoría ambiental.
El director de impacto ambiental además nos respondió, via mail, que otra de las acciones realizadas por la provincia ante el suceso que le consultamos (derrame de derivados de petróleo) fue “el aporte de 140 maquinas (40 el viernes, 50 el sábado y 50 el domingo) entre camiones, bateas, Roll Off y compactadores, gracias al valioso aporte socialmente responsable de las empresas del sector, que permitieron continuar con las tareas para salir de la emergencia en materia de acumulación y que lleva como resultado 36.500 toneladas de residuos recolectadas”. (Publicado en la página oficial del OPDS el 15 de abril de 2013). Y amablemente, nos ofrecieron también fotos del hecho.
Pedidos de informe, derecho a la información pública y las espirales de silencio
El informe de Greenpeace publicado el 9 de julio fue abordado por los senadores provinciales Malena Baro, Santiago Nino, Roberto Costa y Carlos Fernández y solicitan formalmente al OPDS un informe en el que se notifique las causas y las consecuencias del siniestro, detalles de los estudios realizados, intervenciones del OPDS para la prevención mitigación y remediación de los daños. El pedido presentado el 25 de abril (Expediente F-139/13-14) se encuentra parado en la comisión de Obras públicas de la Cámara de Senadores de la Provincia, pasó por la comisión de Ecología que aconsejó “el archivo” del pedido de informes.
Marcelo Martínez, director de la ONG ambientalista Nuevo Ambiente nos informó que en el mes de abril ellos también realizaron una presentación ante el OPDS en donde solicitaron una auditoría ambiental en la destilería YPF La Plata y que hasta el momento no han recibido respuesta.
Haciendo referencia a la importancia de informes públicos remarcó que para poder conocer las consecuencias es necesario tener un informe que especifique los compuestos del fluido derramado, según las características y las cantidades son las consecuencias en la población y en el medio ambiente. Y según las características y cantidades también varían las formas de tratamiento, por ejemplo como limpiarlo o sacarlo de las paredes de los hogares donde quedó la huella.
Por otra parte, se nos informó el CIMA (Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata) había tomado muestras y podría aportar información concreta. Intentamos acceder a la información en reiteradas oportunidades, la única persona autorizada para hablar del evento es la Dra. en Ciencias Naturales Alicia Ronco quien nos comunicó que no podía hablar del tema por ser perito de parte en la causa COPETRO.
En la actualidad no existe ningún protocolo que se haya llevado a cabo o puesto en marcha a posteriori del incendio con los vecinos de La Plata. Deberían los organismos pertinentes asesorarse sobre la Comunicación de riesgo, un campo que surge de la necesidad de investigar qué tipo de información requiere la opinión pública en circunstancias de peligro, crisis o catástrofe.
Además si tenemos en cuenta la Ley Nacional Nº 25831 Acceso de libre información pública ambiental, (2003) destaca “ la posibilidad que tienen todas las personas de buscar, solicitar y recibir información que se encuentra en manos de los diferentes órganos y entes que componen el Estado o en manos de sujetos privados pero que es generada a partir de fondos públicos o en ejercicio de una función pública delegada o autorizada por el Estado”.
Consultamos a distintos periodistas platenses para detectar si habían podido acceder a información concreta sobre el derrame y sus consecuencias, en ninguno de los casos se recibió información que pueda hacer que el periodista pueda realizar una comunicación ambiental a la sociedad acorde a las necesidades del caso.
Más allá de los periodistas la comunicación ambiental son acciones que deben realizarse para llegar al público en general tanto las empresas, como el estado por medios de comunicación masiva, alternativos entre otros comunicando la cuestión ambiental no a manera de “divulgación científica” sino al alcance de la sociedad toda.
Jordi Farré Coma, autor de un documento titulado “Comunicación en riesgo y miedo global” introduce el concepto ante estas situaciones de “Espirales de silencio” como círculos de silencios que se generan desde los distintos actores sociales. “En el espacio público hay cada vez menos temas públicos que se está vaciando debido a la deserción de los ciudadanos interesados» y como consecuencia “los individuos están siendo progresiva pero sistemáticamente despojados de la armadura protectora de su ciudadanía y expropiados de su habilidad e interés de ciudadanos”.
“Nuestras sociedades se definen por una irresponsabilidad organizada que ampara a los productores del riesgo a costa de sus víctimas y hace que los riesgos reales resultantes acaben siendo invisibles”