Sobre la Educación en la Argentina

Walter Barboza

¿Descansa en el imaginario de la sociedad, la idea de que la escuela sigue siendo el lugar por excelencia que permite la movilidad social ascendente de los sectores populares? La respuesta, obviamente, admite un planteo muchos más elaborado que el desarrollo de un simple artículo, sin embargo es posible a través de él, establecer algunas cuestiones que permitan superar las simplificaciones que muchas veces nutren el ánimo de los trabajadores docentes del país. Estos dicen y sostienen con cierta liviandad que “nada cambia y que los chicos se aburren y no se interesan por nada que tenga que ver con los intentos de la escuela por formarlos”.

En principio en su recorrido histórico, y desde su constitución como tal, la escuela ha sido el lugar en el que los estados nacionales más claramente han intentado canalizar “la política” de estado a través de los sistemas de enseñanza, convirtiendo a los diseños curriculares en verdaderos campos de batalla en los que distintas facciones, o grupos, que disputan por la prevalencia de uno u otro proyecto.

En la historia política de nuestro país, hay por lo menos cuatro momentos significativos en los que el estado nacional define sus políticas educativas en función de las necesidades de los grupos que controlan el poder. La escuela sarmientina, a fines del siglo XIX, cuyo sentido era el de contribuir a la formación del estado-nación; el fomento de la enseñanza técnica en el primer gobierno peronista (1945), con el objetivo de contribuir a un modelo de desarrollo industrial basado en la sustitución de importaciones y el fortalecimiento del mercado interno; la interrupción del orden constitucional por parte de una dictadura cívico-militar (1976) que modifica drásticamente los contenidos curriculares a los fines de suprimir la tarea de aquellos docentes comprometidos con los procesos de transformación política del momento y a los fines de concluir con el modelo de distribución progresiva del ingreso que, para fines del año 1975, llegaba al 50% y 50% del P.B.I.; y la reforma educativa de la década del ´90 que hará eclosión junto al sistema de representación política en diciembre de 2001. El último caso es quizás el corolario de un patrón de acumulación económica y política basado fundamentalmente en la valorización financiera del capital por sobre el crecimiento con desarrollo industrial y sustitución de importaciones; un proceso regresivo que también se traduce en las reformas educativas: es el fin a partir de ese año de algunas de las formas de enseñanza que contribuyeron al desarrollo industrial como por ejemplo la escuela técnica como tal.

Cuando se analizan los procesos políticos del estado nacional, y los vaivenes a los cuales fue sometido, se puede observar que en la medida en que el estado-nación va perdiendo grados de autonomía política e independencia económica, más fuertemente se acentúan modelos educativos orientados a sostener los modelos políticos y económicos imperantes. Quizás, el ejemplo paradigmático haya sido el citado, líneas atrás, pues se trató de un modelo político-económico de trascendencia continental. La Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fueron los organismos responsables de diseñar los modelos educativos adaptables a la lógica de la globalización, es decir el mercado . Ello, en líneas generales, se tradujo en un achicamiento de las estructuras de los estados nacionales en detrimento de las políticas educativas: transferencia de escuelas de la nación a las provincias, y modificaciones en los programas y planes de estudios que implicaron la formación de sujetos para un mercado de trabajo cada vez más relacionado con los servicios y cada vez menos con el desarrollo industrial de mayor valor agregado.

Se trató, en síntesis, de la creación de una nueva división internacional del trabajo en la que los países periféricos decididamente abandonan el “estado de bienestar” y dejan librada sus funciones esenciales a las condiciones del mercado. En el caso argentino significó una transferencia de recursos, es decir de riqueza acumulada durante gran parte del siglo XX, a los grupos económicos multinacionales y extranjeros. Estas medidas de corte neoliberal, afectaron fuertemente al sistema educativo en su conjunto y de hecho las reformas implementadas por esos años respondían más a la necesidad de formar sujetos para esas condiciones de trabajo, que la de sostener una educación que acompañara el diseño de proyectos políticos para la autonomía nacional; pues todo proyecto educativo es un proyecto político, por lo tanto ningún proyecto educativo es neutral.

En realidad su explicación tiene un correlato en la larga noche iniciada el 24 de marzo de 1976. Con la irrupción de la dictadura cívico-militar se inicia uno de los períodos más regresivos desde el punto de vista político, social y cultural. Cientos de profesores son expulsados del sistema, las universidades intervenidas, los sindicatos clausurados, los funcionarios de la Corte Suprema removidos, el parlamento cerrado y los gobiernos provinciales conculcados en sus derechos. Con ese panorama solo faltaba sentar las bases para la “reorganización nacional” y uno de sus pilares fundamentales fue el sistema educativo. Es el triunfo de las facciones más conservadoras del país que, utilizando el golpe como instrumento, accederán al poder para trazar los planes que configuraran un nuevo mapa político y económico y un nuevo escenario para una de las clases trabajadoras más avanzadas del continente. Cuando este proceso político inicie su segunda fase, ya en plena democracia y en los años ´90, el mismo concluirá en la crisis de diciembre de 2001 con una distribución regresiva del ingreso que será del 75% para los empresarios y el 25% para los trabajadores.

Si bien, como señala Alicia de Alba, no existen estudios sobre la relación entre el mercado de trabajo, la economía y la educación, se hace necesario poner en valor que la cuestión económica no es determinante aunque si necesaria atender para dar cuenta de cómo las luchas por imponer un modelo económico, han condicionado en nuestro país el tipo de política llevada adelante por los distintos gobiernos. Un ejemplo concreto: tras la salida de la convertibilidad, la pronta recuperación de la economía, nuevamente orientada a atender la recuperación de la industria para intentar revertir el cuadro de situación heredado de las políticas neoliberales, demandaba de una mano de obra calificada que había desaparecido junto con el desmantelamiento del estado de bienestar y la formación técnica. Liza y llanamente no había trabajadores calificados, no había trabajadores con oficios, pues no era necesario para un modelo económico sustentado en base a la valorización financiera del capital, la apertura de la importación sin límites y la desaparición de las actividades primarias.

Había sido el triunfo de un patrón de acumulación que pudo ser sostenido en función del achicamiento del estado. La educación, que antes había sido sostenida como un bien público, lentamente comenzó a transformarse en una variable de ajuste y un estorbo para el diseño de las políticas económicas planificadas por los organismos de créditos internacionales. Solo aquellos que pudieron sobrevivir a la crisis de recesión más escandalosa que haya vivido el país, lograron insertarse en los circuitos educativos de mayor prestigio, pues ahora el estado renunciado a sus funciones dejó que el mercado orientara la educación, encargándose él de proveer una educación para los círculos más pobres .

Ahora bien, buena parte de la recuperación acerca del rol de la educación de carácter público en esta etapa de la historia de nuestro país, esta fuertemente relacionada con la idea de que es necesaria su recuperación para el fortalecimiento de un nuevo proceso político que permita avanzar hacia una distribución justa y equitativa de la riqueza. A diferencia de lo ocurrido en nuestro país durante los años 90, y los primeros años del 2000, hubo un cambio en las mentalidades de grandes porciones de la población. Si en ese período de la historia nadie creía en la posibilidad de que el estado sirviera para algo, o pudiera cumplir alguna función para solucionar los problemas de equidad, ahora nuevamente la gente vuelve su mirada a ese viejo estado intervencionista y benefactor. Se impone, a decir de Gramsci, un nuevo sentido común, una nueva hegemonía que implica la recuperación de un estado que diseña programas de inclusión y que contempla el desarrollo de distintas estrategias para mejorar la calidad educativa. En la faz gremial participa de las paritarias nacionales; incorpora a los alumnos de todo el país, a través del programa “Conectar Igualdad”, a las nuevas tecnologías; incrementa el porcentaje del PBI que será destinado al sistema educativo al 6%; contempla distintos programas sociales para que los alumnos vuelvan a la escuela (asignación universal), entre otras medidas. Es decir un estado que confirma aquello que descansa en el imaginario social: que la educación sigue siendo crucial para mejorar las oportunidades sociales y culturales de la población.