Sciolencio de radio

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Osvaldo Drozd

Ante la extensión de la cautelar que le permite al grupo Clarín, postergar el cumplimiento del artículo 161 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, solamente siete gobernadores supuestamente alineados a la Rosada, se pronunciaron públicamente contra la resolución de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial. El silencio de los otros resulta significativo.

Los gobernadores que sí lo hicieron fueron Jorge Capitanich, de Chaco; Sergio Uribarri, de Entre Ríos; Maurice Closs, de Misiones; Eduardo Fellner, de Jujuy; José Alperovich, de Tucumán; Alberto Weretilneck de Río Negro; y Francisco Pérez de Mendoza.

Sergio Urribarri, llamó a “defender la plena aplicación” de la ley por ser “producto del compromiso y protagonismo de miles de argentinos y argentinas“. Capitanich señaló que la Ley establece incompatibilidad, adecuación y desinversión garantizando la libertad social. “La existencia de los grupos mediáticos está garantizada pero simplemente se tendrán que adecuar a la Ley”. Maurice Closs, analizó que “la vigencia eterna de las medidas cautelares mata la ley”. De igual forma se expresaron públicamente los otros gobernadores nombrados.

Entre los que prefirieron hacer silencio, el del gobernador bonaerense Daniel Scioli fue uno de los que más poderosamente llamó la atención, ya que desde su entorno, salieron hace varias semanas a lanzarlo como presidenciable para el 2015. En una nota de la Nación de hoy, Jessica Bossi, expresa: “Hicieron ruido los silencios de siempre, unidos por un denominador común: tienen proyectos electorales propios. Daniel Scioli, otra vez, esquivó el tema del que jamás hizo bandera. Es más: hace una semana le concedió un reportaje al diario Clarín y, en referencia al 7-D, sostuvo que era ‘profundamente respetuoso de la independencia de los poderes’ “.

Tal vez Scioli no tuvo reflejos rápidos al respecto, pero en el inicio de la semana que termina, sí lo hizo cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto de Lanzamiento de un nuevo Centro de Comando y Control de Emergencias 911 en la CABA, ante la pregunta de un periodista acerca del combate del delito, ella le respondió “…que cada provincia también tiene su responsabilidad. Aquí tenemos en la Capital Federal responsabilidad compartida entre Metropolitana y Federal y cada provincia, obviamente, porque así se organiza la seguridad, tiene su policía, tiene sus jefes y bueno, cada provincia tiene que organizar también su sistema de seguridad y después, todo confluir en el Consejo de Seguridad Nacional que es donde ahora se deciden las políticas globales. Pero bueno, la seguridad de cada provincia es responsabilidad, obviamente, de las autoridades de cada provincia. Si no, que me pasen a mí todas las policías y entonces nos hacemos responsables de todo”.

Ante los dichos de Cristina, Scioli casi inmediatamente, salió a decir por Radio 10 que “Lo peor que uno puede hacer es negar los problemas. Hay que hablar de la inseguridad y yo lo reconozco. Digo la verdad. La gente tiene razón. ¿Cuántas veces me han escuchado hablar de esto?” La política de seguridad de la Provincia, es sin dudas la más cuestionada por el kirchnerismo; y si no fuera porque el mayor índice delictivo, y donde más se sospecha la connivencia de éste con la Policía, no fuera en la provincia de Buenos Aires, tal vez el cuestionamiento podría ser interpretado maliciosamente como una instrumentalización política.