Marcha por la LES: lo que no trasciende

Elecciones generales: entre las “teorías hipodérmica y de los efectos limitados”
20 octubre, 2013
Octubre o el asalto a la épica Kirchnerista
20 octubre, 2013

Esta semana la Federación Universitaria de La Plata (FULP), realizó una movilización al Ministerio de Educación de la Nación, para solicitar la derogación de la Ley de Educación Superior. Los militantes estudiantiles entienden que hay que bregar por una nueva ley que eche por tierra con la ley aprobada durante el menemismo y que “considera a la educación superior como un servicio y que deja, además, abierta la posibilidad de la privatización de la educación superior que depende del estado nacional en términos presupuestarios”.

De la Redacción CAM00043

Esta semana la Federación Universitaria de La Plata (FULP), realizó una movilización al Ministerio de Educación de la Nación, para solicitar la derogación de la Ley de Educación Superior. Los militantes estudiantiles entienden que hay que bregar por una nueva ley que eche por tierra con la ley aprobada durante el menemismo y que “considera a la educación superior como un servicio y que deja, además, abierta la posibilidad de la privatización de la educación superior que depende del estado nacional en términos presupuestarios”.

En el años 2008, la diputada nacional del Frente para la Victoria, Adriana Puiggros, había iniciado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, una serie de encuentros para discutir con el conjunto de los actores sociales, docentes, gremios y autoridades universitarias, una nueva LES. Allí hubo importantes aportes de la comunidad universitaria, pero nunca se pudo avanzar del todo en la definición de un borrador que atendiera todas las necesidades del sector.

El tema sigue abierto desde entonces, pues algunos de los principales problemas tienen que ver con redefinir el concepto de “servicio”, atento a que los sindicatos de docentes universitarios como la CONADU, por ejemplo, han definido a la educación superior como un “bien público” y no como un “servicio”, con lo cual asumen una posición diferencial frente al compromiso político que debería tener el estado respecto de la universidad pública. O bien discutir cuáles son los límites y alcances de la denominada autonomía universitaria, para que esta idea fundante del sistema de gobierno de las universidades nacionales no se convierta en una problema de extraterritorialidad respecto de la orientación académica de las casas de altos estudios.

Juan Quesquén
Juan Quesquén
Periodista.

Comments are closed.