Lesa humanidad: Justicia a medias para los hermanos Iaccarino

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Los ex policías Jorge Rómulo Ferranti y Bruno Trevisán, fueron condenados por “delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio cometido durante la dictadura cívico-militar”, de acuerdo a lo expresado por el Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de La Plata, en la última audiencia del juicio oral y público que se instruyó desde el 15 de mayo y en el que las víctimas fueron los hermanos Iaccarino, dos empresarios platenses que tras el golpe militar fueron apresados, torturados y despojados de sus bienes.

 

De la Redacción hermanos-iaccarino-foto-de-Tiempo-Argentino

Los ex policías Jorge Rómulo Ferranti y Bruno Trevisán, fueron condenados por “delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio cometido durante la dictadura cívico-militar”, de acuerdo a lo expresado por el Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de La Plata, en la última audiencia del juicio oral y público que se instruyó desde el 15 de mayo y en el que las víctimas fueron los hermanos Iaccarino, dos empresarios platenses que tras el golpe militar fueron apresados, torturados y despojados de sus bienes.

Si bien los Iaccarino no quedaron del todo conformes con la condena, creen que será útil para comenzar a desentrañan los compromisos de un sector de la sociedad civil con la dictadura militar del año 1976. 

Los ex policías podrían quedar libres en las próximas semanas, si el tribunal considera que estuvieron bajo el régimen de prisión domiciliaria.  El juez Rozanski no acompañó la decisión compartida por los jueces Pablo Vega y Pablo Jantus y en lo spr{oximos días dará a conocer su posición. 

La familia Iaccarino, integrada por el padre, Rodolfo, y sus hijos, Rodolfo, Alejandro y Carlos, contaban a fines de 1972 con cinco empresas: una constructora, una de iluminación, otra de asesoría y dos puestos de abaratamiento. Además de 25 mil hectáreas de una producción agropecuaria en el departamento Alberdi, de Santiago del Estero, el 8 de noviembre de 1974. El crecimiento económico y empresarial sostenido, terminaría sus días con la logística que la dictadura preparó para apoderarse de esas empresas. 

Ocurrió cuando después de cerrar el primer balance de su Industria Láctea Santiagueña (ILSA), en el mes de diciembre de 1975, comenzó la persecución contra los Iaccarino. El ex policía Antonio Musa Azar, condenado por violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero, pidió la elaboración de informes de inteligencia a la Dirección de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) sobre el directorio de la empresa. El caso es que no pidió datos sobre los doce integrantes del directorio, sino sobre cinco de ellos: casualmente la familia Iaccarino completa. Se iniciaba así un periplo en el que las presiones, los manejos oscuros de los mecanismos del estado terrorista, las detenciones y el despojo de los bienes materiales serían los rasgos distintivos de la detención de los Iaccarino y una particularidad del momento que vivía el país. Los Iaccarino eran acusados de subversión económica y todo eso por estimular el desarrollo de sus pequeñas empresas desde el punto de vista de la economía social o desde sus propias definiciones: “El Plan expansivo General”.

 Una parte de la familia fue detenida en Santiago del Estero, la otra en Buenos Aires. Los Iaccarino fueron de un centro clandestino de detención a otro. Estuvieron en nueve de ellos, hasta que el 13 de enero de 1977 quedaron a disposición del Poder Ejecutivo. Hoy continúan reclamando justicia en su sentido más amplio, una parte de ella al menos ha llegado.

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