Debates sobre la Ley de hábitat y el lobby de los grandes desarrolladores inmobiliarios

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Osvaldo Drozd

En ocasión del inicio de las sesiones legislativas de 2011, el gobernador bonaerense Daniel Scioli anunció el proyecto de Ley de Hábitat Popular. En su discurso ante ambas cámaras, el gobernador expresó que “Tras décadas de abandono, volvimos a encarar la problemática de la vivienda como una cuestión de Estado”. El por entonces subadministrador del Instituto de la Vivienda provincial, Eduardo Reese fue el principal impulsor del proyecto que Scioli anunció en aquella oportunidad, y que fue presentado por la entonces Ministra de Infraestructura Cristina Álvarez Rodríguez. “Nuestra idea con el gobernador Daniel Scioli fue la de elaborar una legislación moderna que recoja los contenidos y las ideas recomendadas por los principales organismos internacionales, como la ONU – Hábitat, y que hoy son aplicadas en las más importantes ciudades y regiones de Latinoamérica y el mundo”, afirmaba en aquel entonces la ministra, agregando que “En términos históricos, lo que teníamos como normativa, la Ley General de Vivienda de la Provincia fue revolucionaria hace 60 años, en el período del Gobernador Mercante. Pero hoy ha quedado desactualizada. Este proyecto nos brindará la llave para poder dar respuesta a muchas familias que lo necesitan en nuestra provincia”.

El proyecto original contemplaba crear Zonas de Promoción de Hábitat Social, la creación de un programa de Lotes con Servicios, la creación de la figura del Consorcio Urbanístico para producir loteos en conjunto con privados, programas de microcréditos para reformas de viviendas, cesión del 10% de la tierra en urbanizaciones cerradas y grandes superficies comerciales, y otras medidas tendientes a garantizar la posesión de la tierra para sectores populares.

El pasado jueves se presentó, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el proyecto de Ley de Acceso Justo al Suelo Urbano, cuya autoría corresponde a los diputados Alicia Sánchez (Miles), Alberto España (FPV) y Marcelo Saín (Nuevo Encuentro). El mismo retoma tras pasados casi 2 años, el proyecto esbozado por Daniel Scioli, que fuera cajoneado presuntamente por el lobby de los grandes desarrolladores inmobiliarios, los cuales a partir de esa ley hubieran tenido que ceder el 10 % de tierras empleadas en urbanizaciones cerradas o su equivalente en dinero para la construcción de viviendas populares.

Ayer en una nota de Clarín titulada “Quieren que los nuevos countries cedan tierras para vivienda social” y firmada por Rodolfo Lara, se afirma que “Cuando Daniel Scioli ya había decidido un cajón de escritorio para el proyecto que fija obligación de los countries a ceder terreno para la construcción de viviendas sociales, el kirchnerismo de la Cámara de Diputados bonaerense sorprendió ayer con la presentación de la propuesta de Hábitat Popular que incluye esta cláusula para grandes emprendimientos urbanísticos, incluidos barrios cerrados” agregando que “el gobernador había decidido entonces freezar la propuesta ante los cuestionamientos que recibió de parte de los desarrolladores inmobiliarios con actividad en la Provincia. Los empresarios sostenían hace un año y medio que la idea era refractaria a la inversión de privados y firmas constructoras”.

Ante la iniciativa presentada por los legisladores kirchneristas el pasado jueves, el legislador Alberto De Fazio enrolado en la agrupación “La Juan Domingo” expresó que desde su sector “No vamos a avalar ninguna locura que afecte la propiedad individual” ya que “Es una copia del nuestro pero con un matiz ideológico. Nada más” le dijo el senador sciolista a LaPolíticaOnline.

La idea del sciolismo, dijo De Fazio es “poner en el mercado lotes con la variante de la valorización inmobiliaria”, explicando que se trata de “la posibilidad de que el Estado apruebe determinados emprendimientos que generan un valor económico muy importante para quien lo produce y en compensación se le pide una porción de esa ganancia”. Sin dudas un proyecto favorable a los grandes desarrolladores inmobiliarios.

Además en la diferencia entre el proyecto original y la revisión hecha por De Fazio, surge un entredicho acerca de las incumbencias municipales y provincial acerca de cómo se logra el aporte de los countries y grandes negocios inmobiliarios. Según la diputada Alicia Sánchez, impulsora del proyecto presentado el jueves desde la Comisión de Tierra, Vivienda y Hábitat, esto “habrá que militarlo mucho”, explicando que la iniciativa “da participación e injerencia directa a municipios y organizaciones sociales”. El proyecto presentado por el kirchnerismo habla del 10 % que los inmobiliarios deberían ceder a cada municipio, mientras que para De Fazio deberían ser los intendentes los que fijen ese porcentaje, ya que sino se violarían las autonomías municipales. “El tema es que no se puede regular desde La Plata municipios tan disímiles como Vicente López o Laprida” dijo el senador, en una clara falacia ya que no sería una regulación sino el porcentaje único, que si no fuera así permitiría negociaciones individuales entre intendentes y grandes desarrolladores, cosa que no garantizaría la aplicación efectiva del proyecto.

 

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