Lesa humanidad: la Secretaría de DDHH alegó en la causa CNU La Plata

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Lesa humanidad: la Secretaría de DDHH alegó en la causa CNU La Plata

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires presentó sus alegatos, de manera conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, en la causa por crímenes de lesa humanidad conocida como CNU La Plata.

En esta causa se juzga a Carlos Ernesto “el Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, miembros en la década del 70 de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) de la ciudad de La Plata, como los presuntos culpables de los asesinatos de Carlos Antonio Domínguez, Leandro Micelli, Néstor Dinotto y Graciela Herminia Martini. Asimismo, ambos están acusados del delito de privación ilegal de la libertad en tres casos ocurridos entre febrero y abril de 1976. Ambas imputaciones fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad, por haber sido cometidos con la anuencia o tolerancia del Estado.

La CNU fue una organización paramilitar, surgida en 1968 y relacionada más tarde con la Alianza Anticomunista Argentina. Sus miembros fueron responsables de numerosos asesinatos y acciones terroristas en las universidades argentinas, particularmente en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de La Plata, integrado por Pablo Vega, Germán Castelli y Alejandro Esmoris, y finalizó su etapa probatoria el 4 de septiembre pasado. Durante el debate oral declararon veintinueve testigos, muchos de ellos víctimas o familiares de víctimas de este grupo paraestatal.

En sus alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense solicitó la condena de Castillo y de Pomares a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, por resultar coautores de los delitos de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos con alevosía y el concurso de dos o más personas. También, por el delito de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, y la aplicación de tormentos, agravada por ser las víctimas perseguidos políticos. El Ministerio Público Fiscal y la querella de la Liga por los Derechos del Hombre solicitaron en sus alegatos, en audiencias anteriores, las mismas penas a prisión perpetua para ambos imputados.

Asimismo, se solicitó que se extrajeran copias de los testimonios en los que se vincula o indica a otros miembros de la agrupación paraestatal, para que se impulsen los procesos que se encuentran en etapa de instrucción.

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