Denuncian que en 18 meses hubo 186 hechos de represión y criminalización de protestas sociales en la Argentina

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En la comisión de DDHH del Congreso de la Nación, presidida por la diputada nacional Victoria Donda, se presentó el informe sobre el crecimiento de la represión a trabajadores durante los últimos dieciocho meses y del Anteproyecto de Ley contra la Criminalización de la Protesta Social, elaborado por el Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma y Liberpueblo.

En la reunión participaron Ricardo Peidro secretario general de la CTA- Autónoma, Daniel Jorajuria de CTA, Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nicolás Tauber Sanz, de Liberpueblo, Luis Romero y Mariana Katz ,del SERPAJ, entre otros, además de referente sindicales de Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

En el marco de esta actividad la diputada Donda, resaltó: «Hace 18 años que presentamos desde distintos espacios políticos este proyecto de ley de las organizaciones sociales, políticas y sindicales. El mismo tiene por finalidad poner fin a la criminalización de la protesta social, práctica que se ha constituido en una política represiva sostenida llevada a cabo por magistrados y fiscales a nivel federal y local, así como de diferentes gobiernos de la nación, provinciales y/o municipales. Estos han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares. Es un gran honor encabezar en esta oportunidad esta presentación»

Por su parte, Nora Cortiñas reclamó por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y expresó su apoyo a este proyecto para quitar un peso a los militantes que luchan por sus derechos.

Según el “Informe sobre Detenciones, Causas Penales y Represión de la Protesta Social”, realizado por el Observatorio del Derecho Social de CTAA y Liberpueblo, “entre enero de 2016 y marzo de 2017 tuvieron lugar, al menos, 186 hechos de represión y criminalización de protestas sociales. En 95 casos se ejerció violencia física por parte de las fuerzas de seguridad nacional y/o provincial contra manifestantes o dirigentes de organizaciones del campo popular. Y se abrieron 48 nuevas causas penales contra 180 personas como consecuencia de situaciones de protesta social. Se identificaron al menos 43 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un total de 337 personas”.

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